Después de que el Municipio de Querétaro reservó por cinco años, hasta mayo del 2027, la información relacionada con la violencia ocurrida en el estadio La Corregidora, Yamile David Gallegos, presidenta del Observatorio Ciudadano de Querétaro (OCQ), instó a que se reduzca ese plazo.
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"Creo que guardar una información por cinco años es mucho tiempo, ojalá se disminuya, creo que las investigaciones no tendrían que tardar tanto, entiendo que es importante que se resguarde (la información) para que las investigaciones avancen, pero ese lapso de tiempo es mucho", declaró David Gallegos en entrevista con Vía.Tres.
Recalcó que la determinación de informar y hacer públicos los resultados de las indagatorias deben ser competencia total de la Fiscalía General del Estado (FGE), tras lo ocurrido el 5 de marzo, cuando en el estadio La Corregidora se enfrentaron aficionados de los equipos de futbol de Querétaro y Atlas.
"La Fiscalía debe de responder primero, debería de tener respuesta rápida al tema de la investigación y mejorar la impartición de justicia, en este caso la investigación sigue abierta, pero deben de informar avances y tratar de no demorar tanto tiempo", comentó la presidenta del OCQ.
Por su parte, el coordinador del Gabinete en el municipio de Querétaro, Miguel Parrodi Espinosa, explicó que se tomó la determinación de no hacer pública la información para no entorpecer las investigaciones que realiza la FGE.
Por ello, con base en el Artículo 108 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, se reservó por cinco años la información que forma parte de una investigación abierta.
El servidor público municipal aseveró que en lo que corresponde a la intervención del Municipio de Querétaro, los hechos se harán públicos hasta el 24 de mayo de 2027 o en el momento en que la Fiscalía del estado termine las investigaciones.
"En el momento en que se culmine la investigación, en ese momento se hace pública la información, no tiene que ser forzosamente el período de los cinco años", destacó Parrodi Espinosa.
Respecto a las indagatorias, el fiscal Alejandro Echeverría Cornejo, informó que han girado más de 90 órdenes de aprehensión; 57 personas ya fueron sentenciadas; se acumula un millón 600 mil pesos por reparación del daño; y aún hay pendientes órdenes de aprehensión, por lo que la investigación sigue abierta.