El acoso escolar y sexual en instituciones de educación básica del estado es una práctica que no se castiga, pues ninguna de las 45 personas -trabajadores o docentes- que han sido denunciados por esta razón ante el órgano interno de control fueron despedidos, según la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el estado de Querétaro (Usebeq).
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Los datos de la respuesta a la solicitud de acceso a la información 221411222000047, ingresada por Vía.Tres, muestra además que únicamente en nueve casos hubo alguna suspensión al personal denunciado, es decir, en apenas el 20%.
Del total de las denuncias de 2018 a la fecha, en 39 casos las personas señaladas son docentes y en seis casos, personal administrativo. Las víctimas son estudiantes en 44 casos y uno más corresponde al área administrativa, sin detallar su género.
La Usebeq cuenta con el Protocolo para la Prevención, Detección y Actuación en Casos de Abuso Sexual, Acoso Escolar y Maltratos en las Escuelas Públicas de Educación Básica, el cual define el acoso únicamente como una forma de violencia entre compañeros, es decir, excluye que ésta venga de personal docente o administrativo.
Sin embargo, el protocolo más adelante contempla dos vías de acción en los casos, que sí considera la participación de docentes o de personal educativo: la atención urgente y la de indicadores.
En el primer caso, además de llamar al número de emergencias para poner a disposición de la autoridad a las personas agresoras, las escuelas deben notificar el caso a la Usebeq para que también inicien las investigaciones internas.
En el segundo caso, si la conducta de acoso es de un trabajador del plantel, hay que “informar inmediatamente a su superior jerárquico para que se tomen las medidas que procedan respecto a su situación laboral y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables”.
El órgano interno de control contempla sanciones jurídicas o administrativas.
No todos los casos de acoso de cualquier índole se han vuelto mediáticos; en junio pasado se dio a conocer un hecho que involucra a un profesor de Educación Física de la Secundaria Técnica 37, quien fue separado del cargo luego de la presión de madres y padres de familia. Se le acusa de haber tocado a dos menores de edad.
En su comparecencia ante la Legislatura del Estado el pasado 13 de septiembre, la secretaria de Educación, Martha Elena Obregón Soto, manifestó que han actuado contra el acoso -escolar y sexual- a través de la actualización de protocolos y capacitación de docentes.
No obstante, esta labor se puso en marcha a partir del caso de Juan, el menor indígena que fue quemado por sus compañeros de clase. El caso mostró una inadecuada atención a protocolos de actuación, ya que debía llamarse al número de emergencias para atender la situación.
Hasta el momento estos nuevos protocolos no se han dado a conocer de forma pública, tampoco fueron compartidos a Vía.Tres hasta el cierre de edición.
Asimismo, el oficio obtenido vía transparencia y fechado el 23 de agosto, señala que no hay denuncias por accidentes al interior de planteles, por lo que el caso de Isaac Gabriel, el menor que cayó dentro de su escuela y quedó con daño neuronal permanente, no está registrado en el órgano interno de control.