En Querétaro, durante 2021 sólo el 67% de las instituciones estatales registraron compras públicas en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT); es decir, que cuatro de cada 10 compras públicas realizadas por el estado no son transparentes, de acuerdo con el informe “Compras Públicas Estatales: ¿Dónde quedaron los datos?”, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
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Dicho estudio fue realizado con base en la información registrada en el PNT, sistema que concentra la información gubernamental de las instituciones que ejercen recursos públicos, lo que incluye contratos de obras, bienes y servicios de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública.
El IMCO realizó un monitoreo de las compras públicas a nivel estatal, emitiendo sus resultados en un reporte en el que precisa que se analizaron 251 mil 148 proceso de compra por un monto de 346 mil millones de pesos realizados durante 2021 por las instituciones estatales de los 32 estados del país, disponibles en la Plataforma.
Durante el año pasado, Querétaro registró más de seis mil 224 millones de compras ante la PNT, ubicándose en el lugar 13 a nivel nacional por el monto de compras, el primer sitio lo tuvo Baja California con 109 mil millones y el último lugar el Estado de México con mil millones de pesos.
Fueron 31 instituciones queretanas las que registraron compras en la plataforma, con un total de ocho mil 320 contratos registrados, de los cuales, el 62% se entregaron a través de licitación pública, el 22% por invitación restringida, el 12% por adjudicación directa, y el 4% por otro tipo de procedimiento.
Mientras que en lo general los estados destinaron 26% del monto de compras públicas a procesos que limitan la competencia, en Querétaro este porcentaje fue mayor con el 34%; en cuanto a las adjudicaciones directas, en el país seis de cada 10 adjudicaciones no cuentan con un acceso directo al contrato; para Querétaro este indicador se ubica en el 49%.
Además, durante 2021 el estado de Querétaro asignó un millón de pesos a empresas consideradas como proveedores riesgosos; es decir, aquellas empresas de reciente creación que fueron constituidas menos de un año antes de recibir un contrato, o bien, empresas fantasmas, con contribuyentes inexistentes o sancionados.
El Imco resalta que, a pesar de su importancia en el combate a la corrupción, las compras públicas a nivel estatal son un área poco explorada y actualmente no existe un análisis sistémico y completo de las dinámicas de contratación estatal, lo que se debe principalmente a que la información es incompleta, heterogénea y fragmentada.
Por ello, el organismo propone crearon una base de datos de todas las compras públicas a nivel estatal por año y por estado, pues actualmente el PNT permite descargar bases pequeñas por institución con un límite de mil filas de información, lo que dificulta su análisis y sistematización. También propone crear un proceso de captura único y homologado que facilite la interconexión entre plataformas estatales y la PNT.