Si uno de los presuntos agresores de Juan, el joven indígena que fue quemado en una telesecundaria de la comunidad El Salitre, en la capital de Querétaro, violó las medidas cautelares que se le impusieron, sus abogados deben llevar las pruebas ante los jueces, no a los medios de comunicación, puntualizó la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Mariela Ponce Villa.
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En últimos días, abogados del caso de Juan señalaron en diversas entrevistas que uno de los menores señalados de la agresión, quien se encuentra vinculado a proceso, presuntamente fue visto ingiriendo bebidas alcohólicas cerca del domicilio del joven lesionado, por lo que la familia teme por su integridad.
“Ante la juez del caso no se ha presentado absolutamente nada. De igual manera en la audiencia no se hizo valer ante la juez, en el contexto de los hechos, que hubiera un tema de acoso, bullying, que se realizara al niño víctima; solamente lo que existe en la audiencia existe en el procedimiento”, puntualizó, de manera que por ahora lo que se sigue son solamente las investigaciones por lesiones dolosas.
Ponce Villa señaló que ellos no tienen información sobre cambios en las medidas dictadas por el Poder Judicial, las cuales consisten en no acercarse a la víctima, no salir del estado, supervisión de la autoridad y también la presentación periódica ante la autoridad supervisora. “Hasta ahora no se ha reportado un incumplimiento”, puntualizó.
Ponce Villa también enfatizó que no hay elementos para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación del menor quemado en la telesecundaria Josefa Vergara, puesto que el Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes enfatiza que los delitos de este grupo se atienden en el ámbito estatal.
Su aclaración se da en el contexto de la declaración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien deslizó esta posibilidad el pasado miércoles. El gobernador Mauricio Kuri González vio con buenos ojos la propuesta, si abonaba a dar justicia a la víctima y a su familia.
Finalmente, Ponce Villa remarcó que no hay que criminalizar a los adolescentes imputados, pues la idea es “rescatarlos” de la problemática que puedan presentar: “si como sociedad y sistema nos dedicamos sólo a criminalizarlos estamos generando una afectación, no lo debemos permitir, queremos adolescentes sanos para tener ciudadanos responsables”.