La mitad de las 300 empresas afiliadas a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Querétaro declararon haber enfrentado problemas burocráticos al momento de realizar trámites gubernamentales, un incremento de 14.6 puntos porcentuales con respecto a la última medición de 2021.
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De acuerdo con la encuesta Data Coparmex 2.0, que se realiza de manera cuatrimestral a las empresas afiliadas a los distintos centros empresariales de la Coparmex en el país, a nivel nacional 54.4% de las empresas dijo haber tenido problemas para realizar trámites, un aumento de siete puntos porcentuales con respecto al último cuatrimestre de 2021.
Según el estudio correspondiente al primer cuatrimestre de 2022, el estado de Querétaro se ubicó en el séptimo lugar nacional en el porcentaje de empresas que dijo haber tenido algún problema para realizar trámites gubernamentales durante el último año, lo que le significó un descenso en el ranking, toda vez que al cierre del año pasado se colocó en el tercer sitio, cuando 35.4% de las empresas refirió haber enfrentado obstáculos.
En primer lugar se colocó Coahuila con 32.1% de sus socios Coparmex, seguido de Veracruz con 37.2%, Baja California Sur con 47.4%, Aguascalientes con 47.7%, Durango con 48.1%, Tamaulipas con 49%, Querétaro e Hidalgo con 50%.
Los mayores problemas a los que se enfrentaron las empresas fueron los requisitos excesivos; seguido de la falta de claridad en los procesos, horarios restringidos, costos excesivos, información incorrecta o contradictoria y problemas con la atención en ventanillas, entre otras dificultades.
Según los socios Coparmex, en el último año tuvieron que destinar alrededor de 120 horas mensuales para atender el marco regulatorio; las micro empresas dijeron destinar 42 horas al mes, las pequeñas 99 horas, las medianas 147 horas y las grandes 394 horas.
Fueron víctimas de corrupción 32.9%
Además, en la encuesta reciente, 32.9% de las empresas queretanas dijo haber sido víctima de algún acto de corrupción en el último año, lo que representa también un incremento con respecto al 10.8% que declaró haber enfrentado un acto similar durante el último cuatrimestre de 2021.
A nivel nacional, en los últimos dos años, en 21 de las 30 entidades analizadas se registró un aumento en el porcentaje de socios que dijo haber sido víctima de corrupción; las empresas consideran que las principales causas que orillan a estos actos son agilizar trámites, evitar multas, sanciones y/o clausura y obtener licencias o permisos.
En este sentido, cabe mencionar que esta semana el presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos y del Entretenimiento de Querétaro, Ricardo Veraza Peñaloza, denunció que la Secretaría de Gobierno del estado dejó de otorgar permisos temporales para la venta de alcohol a establecimientos, ante los riesgos de corrupción que este proceso representaba.
“Los permisos -que están dentro de la ley- te permiten vender alcohol antes de que llegue tu licencia, para que veas si tu negocio funciona o no y ya decidir si esperas la licencia o no. (Al no emitirlo) los empresarios se están viendo lastimados", dijo.
Agregó que, en acercamientos con la titular de la dependencia, Guadalupe Murguía Gutiérrez, les comentó a los empresarios que "(el permiso provisional) se prestaba a corrupción y mejor vamos directo a la licencia, pero para la licencia se tardan tres o cuatro meses más, entonces te vas a siete meses y cuando llega el momento de que te la den, ya no te queda el capital para seguir invirtiendo”.
Reveló que a finales del sexenio pasado se registraron denuncias de empresarios que llevaban más de dos años pagando permisos provisionales, y a quienes se habían acercado personas "que se dedicaban a cobrarles desde 80 mil pesos hasta más, por el primer permiso”.
Esta información se da a conocer en medio de un proceso en el que el gobierno estatal busca una mejora regulatoria que represente menos tramitología para las empresas, a la par de impulsar los trámites digitales.
Para ello se instaló el Consejo de Mejora Regulatoria del Estado de Querétaro, con el que se establecerá un mecanismo clave para impulsar la actividad empresarial y agilizar los procesos de trámites.