Se busca acabar con la discrecionalidad de funcionarios públicos en los trámites estatales y municipales, pues actualmente hay casos en los que se solicitan documentos o requisitos no contemplados en la ley, refirió el secretario de Planeación y Participación Ciudadana de Querétaro, Antonio Rangel Méndez.
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“Tiene que ver con tener un marco jurídico completamente eficiente y eficaz, en el que no haya margen para la discrecionalidad ni para los criterios de los funcionarios públicos en turno y simplemente cumplir con la normatividad”, subrayó.
Durante una reunión del Grupo de Trabajo Interinstitucional de Mejora Regulatoria expuso el caso de la renta del estadio La Corregidora, en el que 23 dependencias participan para la realización de un evento: “no hay un proceso que diga qué va antes, después; hay una serie de cosas ilógicas que se atacan desde el rediseño. Entran Protección Civil estatal y municipal; (en) esta última todo es digital… en el estado tienes que venir a entregar y tener una entrevista”.
Al cuestionar, en la mesa de trabajo, por qué era necesaria la entrevista, respondió que para conocer al empresario: “a ver si me da buena espina. Casi (que) como veo doy. Eso no puede ser, es una de las guerras que tenemos que enfrentar”, reconoció ante representantes de distintos organismos.
Consideró que aunque es un tema que todavía ocurre en la mayoría de los trámites no es una situación grave y enfatizó que no es igual a hablar de corrupción: “estamos identificando áreas de oportunidad y una de ellas es terminar con la discrecionalidad, no tiene nada que ver con el tema de corrupción, puede haber, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero si lo hacemos de manera electrónica, estamos seguros que no la habrá”.
Rangel Méndez indicó que el trabajo de mejora regulatoria estatal y municipal es permanente; próximamente presentarán los primeros 26 trámites con procesos más sencillos hasta llegar -o reducir- mil 207 trámites dentro de dos años.
Finalmente, aclaró que la digitalización depende también de que la sociedad se acostumbre a los portales de internet y que tengan a la mano una firma electrónica o algún elemento similar. No obstante, la experiencia de la carta digital de antecedentes penales, apuntó, ha sido útil al dar una alternativa a las 90 mil personas que cada año debían acudir a la Fiscalía General del Estado (FGE) a solicitar este oficio.