De nueva cuenta, activistas y académicos queretanos se posicionaron contra la violencia de Estado que se ejerce desde la administración de Mauricio Kuri González, pues acusan una criminalización de la protesta, invisibilización de los pueblos indígenas y hostigamiento a quienes defienden el agua.
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En una rueda de prensa desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez’ integrantes de la Red en Defensa del Agua y la Vida (Redavi), Concejo Indígena de Santiago Mexquititlán y otras organizaciones sociales recordaron que, tras la disolución de la protesta pacífica y apartidista contra la legislación en materia del agua, siguen bajo investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) las tres personas detenidas ese 10 de junio.
La representante de Bajo Tierra Museo del Agua, Claudia Romero Herrera, recordó que a un mes de los hechos todavía no concluye la investigación de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), por lo que es importante no quitar el dedo del renglón para saber si, al igual que en la violencia del estadio La Corregidora, habrá una recomendación.
En su turno, Sara Jiménez, quien habló en representación del Concejo Indígena de Santiago Mexquititlán, ofreció un repaso de los casos de represión de la comunidad. Comenzó con la detención arbitraria de Jacinta, Teresa y Alberta, mujeres otomíes acusadas de secuestrar a agentes federales; posteriormente acusó el despojo del agua en sus comunidades y enfrentamientos con el poder local.
“La única herramienta para protección territorial es la autonomía, vemos el conflicto de interés, corrupción en que el sistema de justicia reprime y mata. La CNDH no protege, son jueces reemplazando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuándo van a consultar a comunidades indígenas?”, preguntó Jiménez, en referencia a que este sector de la población fue ignorado en la discusión de la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro.
En su turno, Bernardo Romero Vázquez, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lamentó el extrañamiento público del organismo contra su persona. Éste vino luego de que Romero cuestionó que la CNDH no defendió el interés público al promover una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Aguas, por lo cual el organismo lo señaló de “imponer compromisos y agendas personales, e incluso agendas partidistas”.
Finalmente, para continuar en la lucha por la defensa del agua y la vida, organizaciones sociales convocaron a una marcha a las 17:00 horas del próximo viernes 29 de julio, la cual partirá del cruce del boulevard Bernardo Quintana y Los Arcos.