Los amparos serían el siguiente camino que tiene la sociedad para seguir en la lucha contra la Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento del estado de Querétaro, misma que entrará en vigor el próximo 1 de julio, luego de que ninguna de las instancias competentes promoviera la acción de inconstitucionalidad que solicitó la ciudadanía.
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El viernes organizaciones sociales adelantaron que tenían otras estrategias legales contra el proyecto aprobado por la Legislatura del estado, mismo que fue calificado como "Ley Concesiones" debido a que su contenido iba en el sentido de dotar de un marco legal a los permisos de particulares que prestan el servicio doméstico de agua y saneamiento. Se trata de los amparos.
“Se están preparando los amparos correspondientes frente a la legislación… hay que entender el alcance de estos mecanismos, cuando se ampara al ciudadano y si no hay jurisprudencia (su efecto) es individual”, explicó Claudia Romero Herrera, integrante de Bajo Tierra Museo del Agua.
También buscarán otros medios de impugnación por la omisión de consultar a los pueblos indígenas en la discusión y aprobación de esta ley en mayo pasado; así, Romero Herrera externó que la estrategia de defensores del agua era integral y lo más inmediato hasta antes del lunes era la acción de inconstitucionalidad.
Las organizaciones sociales en Querétaro manifestaron que se posicionarán sobre la respuesta de las autoridades una vez que la Red en Defensa del Agua y la Vida (REDAVI) emita su postura sobre las conclusiones de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que, junto con el Congreso, eran los facultados para promover la inconstitucionalidad.
Sobre recurrir a amparos, el presidente de la DDHQ, Javier Rascado Pérez, señaló que es una posibilidad que tiene la ciudadanía una vez que el proyecto entre en vigor y se presenten posibles violaciones a la ley y los derechos humanos: “claro que habiendo algún acto de autoridad que violente la esfera jurídica de alguna persona tendrá los mecanismos de defensa constitucional”, destacó el presidente.
Finalmente, reiteró, al igual que la CNDH, que la concesión por sí misma no implica una violación a los derechos humanos; pero que el organismo garante en Querétaro estará atento a que la prestación del servicio de agua en hogares no violente los derechos de usuario y cumpla con los parámetros internacionales.