Los órganos defensores de los derechos humano, tanto local como nacional, no entraron al fondo de la cuestión en sus dictámenes de la Ley Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Querétaro, lamentó la vocera de Bajo Tierra Museo del Agua -y promotora de distintos mecanismos legales para buscar la improcedencia del proyecto- Claudia Romero Herrera.
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Indicó que el posicionamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se limitó a hablar de competencias relacionadas con el abastecimiento del servicio y no exploró violaciones a garantías ciudadanas.
Lo mismo con la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), organismo que para la activista del agua se dedicó a hacer “copy paste" de una doctrina relacionada con el servicio de agua: "no hay argumento, no hay análisis".
"Sí hay una controversia (a los derechos humanos) y la gente lo va a ver cuándo les comience a afectar", subrayó Claudia Romero, quien lamentó que ninguna de las instancias haya promovido la acción de inconstitucionalidad.
Por otra parte, resaltó una vez más faltó consultar a los pueblos indígenas, lo cual también es un punto que vulnera el derecho humano a la participación, sobre todo porque cuentan con un marco jurídico acorde con sus usos y costumbres.
En su comunicado emitido esta semana, la Red en Defensa del Agua y la Vida (REDAVI) señaló que el actuar de la DDHQ y la CNDH únicamente confirmó que están "al servicio del gran capital e intereses económicos".
Finalmente, integrantes de dicho organismo convocaron a la ciudadanía a presentar juicios de amparo contra la denominada Ley de Aguas; y estar pendientes de próximas actividades para hacer frente al proyecto aprobado en mayo pasado.