“Se tiene la cama (donada y el ventilador), pero sí sé, si somos sinceros, eso es muy poco a lo que ya me robaron”, aseveró Citlali Magaly Maya, madre de Isaac, el menor de 11 años que tuvo un accidente el 30 de marzo pasado en la escuela República Francesa de la capital del Querétaro. El siniestro, del que no se tienen detalles, lo dejó parapléjico por el resto de su vida.
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Ernesto Carreño y Fabián García, abogados de la familia, lamentaron que para este caso la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha presentado avances y a diferencia de la situación de Juan, el menor otomí quemado por sus compañeros de secundaria, aquí no hay probables responsables, ya que se desconocen las circunstancias del accidente.
El dictamen médico confirma un daño neurológico irreversible por un retraso en la atención. Además, el niño vivió un trauma craneoencefálico y una perforación en el pulmón derecho: “no entiendo hasta hoy, cómo sucedieron los hechos; he indagado, levantado mi denuncia en Fiscalía y ha sido un poco lento el proceso”, indicó la madre.
“Mi niño va a depender de un adulto toda su vida. No tiene movimiento ni coordinación, va a depender de pañales, alimentación especial… Yo quisiera que pusieran mucha atención las instituciones para que se capacitaran y que ningún papá vuelva a pasar esto como”, pidió Citlali Maya.
“Aquí lo más importante es la justicia restaurativa, la calificación de las lesiones que según el médico legista pusieron en peligro la vida (del menor) y que van a dejar una secuela. Entonces aquí hay dos formas, que es la vía penal o la administrativa, por un daño patrimonial del Estado que deberá de responder en caso de que se declare que hay omisión de la institución educativa”, señalaron los abogados.
Según la madre de Isaac, hay contradicciones en la misma versión de la profesora, quien sostiene que su hijo cayó por su propio peso cuando fue a tirar basura; al principio manifestó que sólo había sido un raspón. Otra versión es que vio que el niño se levantó y sentó en la jardinera solo.
Por esto, la denuncia se encuentra contra quien resulte responsable, ya que no se han esclarecido los hechos. La defensa también solicitó que, dada la probable omisión del personal educativo, que nunca llamó al 911, la carpeta debe estar en una unidad especializada en la investigación de servidores públicos, no en la de delitos sexuales, donde radica actualmente.