Luego de 18 días de que ocurrió la agresión contra Juan -menor originario de una comunidad otomí y quien fue quemado por sus compañeros de clase-, los presuntos agresores fueron vinculados a proceso por el delito de lesiones dolosas, confirmaron Enrique Carreño y Fabián García, abogados de la familia.
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En entrevista a medios, los defensores dejaron abierta la posibilidad de incorporar acusaciones de discriminación, pues cabe recordar que el menor y su familia son oriundos de Santiago Mexquititlán, comunidad indígena del municipio de Amealco de Bonfil, cuyos integrantes relacionaron la agresión con un problema sistemático más grande.
“Al momento, como estamos en etapa inicial, únicamente son lesiones dolosas. Ya en la investigación complementaria se podrían aportar mayores datos de prueba para justificar esta aseveración”, externaron Carreño y García.
Al término de la primera audiencia, en la que los imputados no pronunciaron comentarios, la autoridad emitió medidas cautelares, entre las que destacan que los estudiantes señalados deben firmar constantemente, serán supervisados y no pueden acercarse a la víctima, familia o testigos.
Los abogados adelantaron que, de ser encontrados culpables, los responsables tendrían que pagar la reparación del daño; tal y como adelantó la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Mariela Ponce, al tener 13 años, los jóvenes no son sujetos a la prisión preventiva ni a ser internados en un tutelar de menores.
Desconocen pormenores de los apoyos
Sobre los apoyos que ofreció el Gobierno del estado -consistentes en becas, ayuda económica, despensa y representación legal-, abogados y padres dijeron desconocer los pormenores. Carreño y García insistieron en que la familia busca mantener la representación legal a través de ellos.
Al respecto, los familiares de Juan señalaron no tener más detalles, pues hasta el momento sólo les ha sido entregada una despensa que les duró dos días: “Nos otorgaron una cajita que nos duró dos días. Pero no vale”, señaló el padre. La madre, remarcó que para ella importa más la salud de su hijo que cualquier despensa; el joven continúa hospitalizado.
Finalmente, indicaron que existe otra denuncia por el actuar omiso de la profesora responsable. El expediente se encuentra en la Fiscalía Anticorrupción, por ser servidora pública. A esto se suma la investigación del Órgano Interno de Control de la Unidad de Servicios para la Educación Básica de Querétaro (Usebeq) y la queja en la Defensoría de los Derechos Humanos del estado (DDHQ).
Ya el fiscal general de Querétaro, Alejandro Echeverría Cornejo, había descartado la posibilidad de fincar responsabilidades al personal administrativo y docente de la Telesecundaria Josefa Vergara, donde ocurrió la agresión. Su objetivo, manifestó, era vincular a proceso a los dos estudiantes señalados, lo cual ocurrió este viernes antes del mediodía.