La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) dio a conocer que el pasado 10 de marzo el caso de Benjamín Jiménez III llegó a manos del Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito.
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La organización de derechos humanos señaló que este caso corresponde a un inculpado de asesinato a partir de confesiones obtenidas por medio de tortura, además de que su proceso legal ha estado lleno de irregularidades.
En este sentido solicitaron a este tribunal otorgarle un amparo al queretano, para que pueda salir libre tomando en cuenta las irregularidades del caso.
“De no lograrse el amparo para Benjamín sería una víctima más de un fraude judicial arraigado en el sistema que utilización la tortura como el principal medio de investigación y construye culpables a base de pruebas obtenidas a través de la violación de derechos humanos y fundamentales” señalaron en su comunicado.
Aseguraron que este tribunal tendrá la última palabra en el caso y su resolución podrá marcar un hito en las prácticas la construcción de presuntos culpables a través de métodos coactivos, ilegales y violatorios de los derechos humanos.
“Como última instancia para su demostrar su inocencia Benjamín y su defensa han promovido el Amparo directo 82-2020, que es el proceso sobre el cual toca definirse a los Magistrados del Tribunal señalado. La resolución que haga el tribunal sobre este amparo será casi definitoria, pues, de no ser favorable, el único recurso restante a favor de Benjamín será acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos” se lee en el documento.
Indicaron que Benjamín ha pasado ya cuatro años tres meses en prisión y siendo estudiante de Comercio Internacional y Administración de Empresas de la Universidad del Valle de México, fue acusado de un homicidio ocurrido en el Little Caesars de Pie de la Cuesta, del estado en el año 2017.
“Al día de hoy cumple una sentencia de cuatro años tres meses. Sin embargo, existen numerosos y fuertes indicios para señalar que se trata de la fabricación de un presunto culpable más en el país y en el Estado” explicaron.
Entre las violaciones a los derechos de Benjamín y faltas al debido proceso, señalaron que las confesiones, tanto de Benjamín como de un amigo de éste, fueron obtenidas bajo tortura, inculpando no solo a Benjamín sino también a su hermano.
Así como incoherencias en entre las pruebas y testimonios presentados por la fiscalía y las características de Benjamín, ya que describen al atacante de estatura baja de alrededor de 1.60 metros y con un tatuaje en el cuello, mientras Benjamín es una persona mucho más alta y sin tatuajes visibles en esa parte del cuerpo.
Otras de las incoherencias que indica la organización de defensa de Derechos Humanos señala que la evidencia en contra de Benjamín no es clara, es imprecisa y no es vinculante al hecho.
“Se muestra un video de la pizzería donde se suscitó el homicidio, en el cual fue captado el carro de su propiedad, en el video no es visible la fecha de captura, ciertamente Benjamín había acudido al local como consumidor, pero un día antes de ocurrido el asesinato (…) la sudadera por sí misma no puede tener valor probatorio alguno, por un lado, no coincide con la que describen los testigos en el juicio (color verde) y tampoco le fueron encontrados restos de plomo o de sangre en la prenda” entre otras irregularidades.
Finalmente respecto a la defensa resaltaron que no se han dado las condiciones necesarias para que sus representantes legales puedan ejercer su derecho a ser oído en juicio, es decir, no han sido escuchados por los Magistrados del Colegiado, debido a las medidas restrictivas por Covid.19, a pesar de que el Consejo de la Judicatura ya ha solicitado oficialmente a los Magistrados retornar a las actividades presenciales.