Tras renovar la titularidad de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), especialistas en la materia destacaron que uno de los principales retos que tiene la nueva gestión es el de tener sensibilización en sus procesos, ya que acusaron que durante el periodo de Roxana de Jesús Ávalos Vázquez (2017-2022) hubo revictimización de víctimas.
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Asimismo, cuestionaron la cercanía del nuevo presidente de la DDHQ, Javier Rascado Pérez, con instancias gubernamentales; por lo que, dijeron, tendrá que demostrar su autonomía; aunque dudaron que esto suceda.
La coordinadora de la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la Paz, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Alejandra Martínez Galán, aseguró que la elección de Rascado Pérez responde a intereses políticos y no a la protección de los derechos humanos.
“Es muy preocupante porque viene a abonar a la crisis de derechos humanos en nuestro país y cómo poder paliar esta crisis cuando la instancia competente para defenderlos no está para ello, sino para proteger a las instituciones que violentan sistemáticamente”,
Alejandra Martínez.
La activista por los derechos de las mujeres resaltó que lo mismo sucedió en la gestión pasada, cuando predominaron los cuestionamientos por la designación de Roxana de Jesús Ávalos.
En tanto, el coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UAQ, Bernardo Romero Vázquez, añadió que el perfil del nuevo ombudsman es ideal para las pretensiones del gobierno; pues destacó que en la pasada gestión la DDHQ emitía escasas recomendaciones y de poco alcance.
“Es tener un funcionario a modo, que le sirve para proteger sus intereses, como lo hizo la doctora Roxana en su momento, emitiendo pocas recomendaciones, pobres y muy limitadas, defendiendo más a la autoridad que a las víctimas”, aseveró.
Durante la gestión saliente de la DDHQ se emitieron 24 recomendaciones, 41.6% menos en relación con las 34 que se efectuaron en los seis años anteriores (2011-2016).
Romero Vázquez consideró que la defensoría tiene el doble de personal que hace 20 años, pero recibe la mitad de las quejas, no porque hayan disminuido las violaciones a los derechos humanos en la entidad, sino porque se redujo la confianza en el organismo.
“Si una mujer llega a una defensoría y se queja, hasta su dignidad se pone en duda, la tratan como si la víctima es culpable de lo que le pasó, entonces lo primero es tener un trato digno a las víctimas”, dijo.
Recordó que ha acompañado casos en los que el organismo estatal ha revictimizado a las personas que acuden a levantar una queja, además de minimizarlas y pasar por procesos que han tardado hasta cinco años en encontrar resolución.
“Si una persona se queja porque la maltrató un policía o un funcionario, le ponen que es lesiones, cuando es tortura, o sea la calificación de la queja está mal hecha. Y luego uno tiene que probarlo. He visto muchas conclusiones de quejas archivadas porque la persona quejosa no demostró”, indicó.
De acuerdo con el académico, si no hay evidencias, la DDHQ tiene el deber de buscarlas, siempre con una perspectiva de diversidad para personas indígenas y de género, para mujeres y personas de la comunidad LGBT+.
Criticó que la ley permita un acuerdo de responsabilidad, ya que es un recurso que se utiliza para no emitir recomendaciones.
El también extitular de la DDHQ añadió que aun cuando debe haber cambios en la Ley de Derechos Humanos del estado de Querétaro, antes se debe priorizar que el organismo haga bien su trabajo.
"Si hay una persona que tenga interés en las víctimas va a dar una buena recomendación, estratégicamente bien hecha. No hace falta que sean vinculantes, porque para eso la defensoría tendría que ser imparcial, como un juez, pero no podría defender a la víctima”, añadió.
Ambos especialistas coincidieron en que en la entidad hay acciones que vulneran los derechos humanos de las personas, como violencia de género, discriminación y uso de la fuerza policial a artesanos indígenas.
"Sabemos que hay un abuso policial brutal, los inspectores municipales son constantemente agresores de las personas que se dedican al comercio informal”, enfatizó Alejandra Martínez Galán.
La también coordinadora de la Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades Humanas (Aquesex) añadió que hay omisiones respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Además, aseguró que existe criminalización de las protestas.
Asimismo, Querétaro es paso de grupos migrantes, por lo que es importante que también se garanticen sus derechos, refirió Martínez.
También en temas relacionados con los derechos humanos, Bernardo Romero agregó que hay preocupación por la violencia hacia periodistas, recordó que hay antecedentes de intimidación y violencia hacia el gremio en Querétaro.
En este contexto, el 12 de febrero, Javier Rascado Pérez tomó posesión de la presidencia de la DDHQ, para el periodo 2022-2027, planteando como líneas de trabajo: lograr un fortalecimiento institucional a través de la protección y defensa de los derechos humanos; dar seguimiento y evaluación de las autoridades responsables, y empoderar a las personas sobre el reconocimiento de sus derechos.
En su desempeño en la función pública, Rascado Pérez fungió por 12 años como comisionado de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Querétaro (Infoqro).
En el 2020, en Querétaro hubo 2 mil 370 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, con ese dato el estado ocupó el lugar 15 a nivel nacional, exponen informes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).