El anteproyecto de decreto de Peña Colorada como Área Natural Protegida pisotea los derechos de quienes son dueños de las tierras, remarcaron integrantes de distintos ejidos del estado de Querétaro que se verán tocados por esta declaratoria, a la cual adelantaron que se opondrán.
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La oposición de dueños de la tierra ya fue un tema recurrente en los 20 años del movimiento por buscar su protección; resurge en un momento en el que está abierta la consulta pública del anteproyecto que deberá publicar Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
“Nuestra postura es no al decreto de Peña Colorada porque no nos han tomado en cuenta… ninguna institución se ha acercado con nosotros. Es lamentable también la postura que toman las ambientalistas”, acusaron en rueda de prensa integrantes de los ejidos de El Salitre, San José de Buenavista, San Pablo, San Pedrito el Alto y un grupo de Jurica.
El grupo de ejidatarios expresó que el gobierno estatal y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) les ofrecieron cinco mil pesos por cinco años para proteger Peña Colorada: “es ilógico si creen que nosotros vamos a vivir con cinco mil pesos anuales y durante cinco años, esto es ilógico, es inhumano y están pisoteando nuestros derechos”, agregaron.
Entre sus argumentos, ejidatarios también reclamaron la omisión de autoridades ante la invasión y destrucción de otros espacios de Querétaro, que dieron paso a la construcción de desarrollos como Altozano o Cimatario.
"Los grupos económicos y políticos más fuertes de nuestro estado han abusado de esta figura ambiental para exterminar los recursos naturales superficiales y subterráneos. Las autoridades estatales piensan que no sabemos lo que pasó con el Cimatario, área ocupada hoy por grandes desarrollos residenciales, hoteles, centros comerciales, edificios de Gobierno", externaron.
Hay que señalar que la semana pasada, Marco del Prete Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable en el estado, refirió que los acuerdos y diálogos con ejidatarios de las cuatro mil 843 hectáreas que se busca proteger debido a su importancia para la zona metropolitana de Querétaro.
El artículo 60 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que en las declaratorias para el establecimiento de las Áreas Naturales Protegidas hay requisitos mínimos, como su utilidad pública o las actividades que habrá al interior, pero no se establece alguna compensación para dueños de la tierra.
De igual forma, el Artículo 61 de la misma normativa refiere únicamente que se notificará previo a los propietarios o poseedores de los predios afectados. Las compensaciones se limitan a las expropiaciones, lo cual no es el caso, según aclaró la semana pasada la Secretaría de Desarrollo Sustentable.