La reforma que se aprobó en el Congreso de Querétaro, para endurecer las penas a los choferes del transporte público o privado que incurran en acoso sexual, no es la solución para erradicar el problema, consideró la activista y representante de Las TEMIS Luchando Juntas, asociación civil de mujeres defensoras de los derechos humanos, Marlene Martín Rico.
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Por el contrario, planteó apostar por estrategias de prevención y dar continuidad a las denuncias de este delito, ya que en muchas ocasiones éstas son ignoradas.
La reforma aprobada en septiembre modificó los artículos 126 BIS fracción VII y 167 BIS, del Código Penal del Estado de Querétaro, aumentando las penas para los conductores (de transporte escolar, de servicio público de pasajeros o servicio de transporte privado que son contratados a través de aplicaciones) que cometan delitos relativos al acoso sexual.
Con la nueva enmienda este acoso sexual se sancionará hasta con 10 años de prisión y una multa de 57 mil 732 pesos; previo a ésta, el castigo consistía en tres a cinco años de prisión y la multa era de 100 a 600 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
En este sentido, Marlene Martín Rico explicó que este tipo de legislación es inviable, ya que no erradica el acoso en sus diversas tipificaciones, al no atacar la situación de fondo.
Además, indicó que el problema también existe en el sistema de justicia del estado que no atiende oportunamente las denuncias de este delito.
“De nada nos sirve un aumento a la gravedad de las penas si los delitos no se están judicializando, es decir, no importa si son tres o 20 años de prisión, si las carpetas de investigación se quedan en el archivo y no se judicializan. Las mujeres somos vulnerables en todos los aspectos. Respecto al acceso a la justicia, el acoso es un tema muy común que está muy naturalizado y muy normalizado”, externó.
Por tanto, propuso la creación de políticas públicas para sensibilizar sobre esta problemática, debido a la normalización del acoso sexual.
Añadió que este tipo de iniciativas, como la aprobada en el Congreso, son una simulación y no garantizan la impartición de justicia; por lo que pidió que se brinde una correcta atención en la Fiscalía General del Estado (FGE) y en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
La activista señaló que es necesario que los operadores jurídicos tanto de la FGE como del TSJ sean empáticos; y que se aborde el delito de acoso sexual como una problemática estructural y social.
“Tenemos un montón de legislación que no ha funcionado y no es porque no sirva, sino porque no están los lineamientos para poder transitar a la ejecución de la justicia y tener acceso a ella. Lo que está sucediendo, con estas nuevas formas de legislar, es más bien una simulación para decir que están haciendo algo por las mujeres, pero no es lo que nos falta, nos falta la aplicación y acceso a la justicia”, aseveró.
Por último, opinó que el objetivo no es encarcelar a todos los presuntos acosadores, sino que la justicia penal transite a una forma restaurativa, que incida en cambiar conductas.
“No creo que el interés de todas las mujeres sea meter a la cárcel a todos los hombres que acosan, y no es posible porque ningún estado tiene esa capacidad, ese no es el sentido de la justicia penal, la justicia penal ha transitado a un ámbito restaurativo, con el que se debe evitar que sigan ocurriendo hostigamientos sexuales, abusos, acosos, violaciones. Debemos transitar a una sociedad que sea más empática con las mujeres”, concluyó.