Van por Ley Malena en la CDMX, buscan tipificar la violencia ácida

Este martes se presentó en el Congreso de la Ciudad de México la Ley Malena, que busca tipificar la violencia ácida, un delito que va en aumento en todo el país al sumar 47 casos tan sólo en 2022.

Cobijadas por colectivos feministas y al grito de “¡Será ley, será ley, Ley Malena será ley”, las víctimas de violencia con ácido María Elena Ríos y Elisa Xolalpa, así como la diputada morenista Marcela Fuente, asentaron que ésta será un precedente para castigar estos crímenes que dejan una huella permanente en las mujeres.

Esta iniciativa que lleva por nombre “Ley Malena” -derivada del emblemático caso de la saxofonista María Elena Ríos-, contempla reformas constitucionales a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal para tipificar la violencia ácida y la eleva a tentativa de feminicidio. Además, pide la reparación del daño, solicita a la Secretaría de Salud capitalina realizar un registro de las víctimas e incluye a las mujeres trans.

En entrevista, la legisladora Marce Fuente, explicó que la diferencia entre la Ley Malena y  las modificaciones que hizo el Senado de la República en octubre del año pasado a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es que la primera pretende castigar esta agresión no como violencia física, sino específicamente por lesiones con ácido u otras sustancias corrosivas. Además de nombrarla y reconocerla por primera vez como "violencia ácida".

“Nosotros estamos proponiendo la tipificación de violencia ácida, el tema del Senado a nivel federal es que se cataloga como violencia física. Nosotros estamos proponiendo que se agregue como otro tipo de violencia, lo cual implica también en el Código Penal una estructura teórico-jurídica diferente, con sus agravantes, con sus responsabilidades, con reparación del daño; con que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México se haga cargo de llevar un padrón de víctimas de violencia ácida, que se catalogue como tentativa de feminicidio y no solamente como lesiones”, destacó.

Agregó que las penas que se busca aplicar a los agresores van de los ocho a los 12 años de prisión.

“De entrada son de ocho a 12 años de prisión, pero los agravantes por ejemplo de tentativa de feminicidio son 30 años; aunado a la reparación del daño eficaz y eficiente por parte del Poder Judicial a los agresores”, declaró.

Al respecto, María Elena Ríos, rociada en 2019 con ácido por su entonces pareja, el exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal, resaltó la importancia de tipificar la violencia ácida, al señalar que aún el año pasado estas agresiones no se consideraban como violencia de género.

“Estamos tan mal que apenas el año pasado lo consideraron un tipo de violencia, o sea ¿el ácido no era violencia?”, dijo.

“Sí es necesario que se tipifique, que no se siga considerando como lesiones porque las lesiones no son un delito grave. En México los delitos más penados son el feminicidio y el secuestro, inclusive más que el narcotráfico, por eso estamos como estamos. Aquí lo importante es que se vaya por tentativa o feminicidio en su totalidad. Que se contemplen todas las sustancias químicas incluyendo, por ejemplo, quemaduras por cables de alta tensión que es como se han presentado casos en el Estado de México”, abundó.

Con el dolor que se hace evidente en sus ojos, Elena se sumó a esta iniciativa para que otras víctimas puedan tener justicia, aunque sabe claramente que las marcas de estos crímenes no se borran.

“Que valga la pena haber sobrevivido, que valga la pena todo el sacrificio que hicieron mis papás en cuidarme como un bebé, que valga la pena que volví aprender a caminar, que me daban de comer en la boca, que me cambiaban el pañal, que valga la pena…”, comentó.

La Ley Malena se continuará nutriendo con otras voces a través de un parlamento abierto que se instalará en el mes de marzo, espacio al que la diputada Marce Fuente pidió sumarse.

Le sigue el proceso de dictaminación y aprobación en comisiones del Congreso de la CDMX. Posteriormente se turnará a la Mesa Directiva para presentarse y votarse en el pleno.

El Senado aprobó a finales de octubre de 2022, castigar hasta con 22 años de prisión a quien agreda con sustancias químicas o ácido a otra persona, estableciendo de 7 a 13 años de prisión a quien cause a otra persona lesiones con cualquier tipo de agente o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable, álcalis, ácidos y sustancias similares, incluyendo las que necesiten de otro agente para reaccionar. La pena aumentará si existe o hubo entre el agresor y la víctima una relación de parentesco, sentimental, afectiva, laboral o de confianza.