Los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paul Ospital Carrera y Graciela Juárez Montes, presentaron la iniciativa de Ley 3 de 3 para evitar que quien sea deudor alimentario o haya sido condenado por delitos sexuales o violencia política de género, no pueda ser candidatos a algún cargo público, tales como a gobernador, diputado local, alcalde, regidor o por alguno de los cargos que elige la Legislatura.
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“Esta ley aplicará para quien busque ser electo como gobernador del estado, presidente municipal, diputado local, regidor, magistrado del TSJ, presidente o consejero del IEEQ, presidente de la DDHQ o comisionado de transparencia y Acceso a la Información, porque quien busca presidir algún cargo, tiene que dar el primer paso y poner el ejemplo, por eso el gobierno debe de ser el primer obligado en poner este tipo de candados”, mencionó el diputado Paul Ospital Carrera.
El legislador priísta explicó que el estado de Querétaro está ubicado en el tercer puesto a nivel nacional en violencia contra las mujeres con 75.2%, por debajo del Estado de México y la Ciudad de México, sin embargo, la entidad queretana ocupa el primer lugar en violencia contra la mujer dentro de las escuelas con 40.3%, según datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
"En octubre del 2022, el Instituto Queretano de las Mujeres registró 307 casos de violencia familiar y 289 casos de violencia física. No podemos presumirnos como un estado con crecimiento económico o buena calidad de vida, cuando tenemos estos números en el tema de violencia contra las mujeres ", indicó el diputado local.
Dicha iniciativa será presentada en conjunto con la diputada Graciela Juárez Montes, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, quien explicó a grandes rasgos lo que técnicamente busca el proyecto legislativo.
“El documento establece que para ser electo por alguno de los cargos mencionados, no deberá estar condenado o condenada como deudor alimentario moroso, salvo que demuestre estar al corriente; como persona agresora por delitos sexuales y/o violencia familiar y, por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género” señaló la legisladora.