Desde una suspensión de 30 días hasta la inhabilitación por un año del servicio público, estas pudieran ser las sanciones para trabajadores del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (Indereq) en caso de que se les encuentre responsables de las denuncias de acoso en su contra.
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El 22 de diciembre se dio a conocer que la Contraloría estatal comenzó una investigación contra funcionarios señalados de acoso sexual en Indereq, por lo que convocaron a las personas que pudieran ser víctimas del caso a sumarse para realizar las denuncias correspondientes.
En tanto, Oscar García González, secretario de la Contraloría estatal, señaló el pasado lunes que existen tres carpetas; hay solamente una persona suspendida y otras dos bajo investigación.
“Tenemos tres señoritas que se dicen víctimas cada una tiene su investigación por separado para no entorpecer una de otra”, indicó, luego de enfatizar que no se investiga violación y que el tema de fiestas que se organizaban con personal de Indereq no son el eje central de la investigación.
La Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos no habla específicamente del acoso, sin embargo la falta “abuso de funciones” se acopla a los hechos investigados, pues primero refiere que -entre otras cosas- se trata de un actuar que causa perjuicio a alguna persona o al servicio público.
Al ser una falta grave, como el cohecho o peculado, las personas que resulten responsables serán sancionadas por el Tribunal de Justicia Administrativa con la suspensión del empleo de 30 a 90 días naturales; destitución del empleo; sanción económica o inhabilitación de tres meses a un año, pero no se contempla cárcel.
De igual forma, estos actos son sancionables si van contra el artículo 20 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual obliga a todos los órdenes de gobierno a atender, investigar, sancionar y reparar cualquier tipo de violencia institucional.
Cabe señalar que la inhabilitación de hasta 20 años procede únicamente si existiera un daño al erario público superior a los 200 UMAs diarios, pero este supuesto no aplica para la investigación que lleva a cabo el órgano interno de control estatal.
El contralor del estado indicó que el director del Indereq, Edward Sánchez del Río, fue llamado a declarar: “el director no está señalado como presunto responsable, lo mencionan como una persona que tuvo conocimiento. Si en el transcurso de la semana cambia el giro y la responsabilidad, se actualizaría su estatus”, externó.
Finalmente, a las víctimas se les ofrecieron medidas de protección y acompañamiento por parte del Instituto Queretano de las Mujeres para brindar atención psicológica por estos casos de acoso en el ámbito laboral.