Ante la omisión de la Legislatura del Estado para eliminar el delito de aborto del Código Penal de Querétaro, la organización ADAx Digitales promovió un amparo ante el juzgado segundo de distrito -el cual ya fue aceptado- con el fin de que un juez obligue a diputadas y diputados locales a legislar en este materia.
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Con esta medida se busca seguir un procedimiento similar al de organizaciones sociales que lograron el matrimonio igualitario por la vía judicial, pues gracias a un amparo se obligó a “descongelar” la iniciativa pendiente y votarla, lo cual ocurrió en la última sesión de pleno de la LIX Legislatura, en septiembre de 2021.
Mayra Dávila Alvarado, vocera de la organización, apuntó que la intención es armonizar la ley con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) que declaró inconstitucionales las leyes locales que criminalicen a las mujeres que abortan. Para ello, van contra los artículos 137, 138, 139, 140 y 142 del Código Penal.
“Después de la homologación por supuesto que tiene que ser un paso para que se empiecen a crear políticas públicas en materia de aborto, porque es un tema de salud pública y el Estado es el responsable de atender el problema”, destacó Dávila Alvarado en rueda de prensa.
Ante la postura del gobernador Mauricio Kuri González, sobre que él "defiende la vida", Mayra Dávila le recordó que las creencias se respetan, pero deben acotarse al espacio privado.
Al mismo tiempo, la vocera de ADAx señaló que ellas no apoyan ni acompañan la iniciativa de Paul Ospital Carrera, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
"Es incongruente, el señor fue sancionado por violencia política en razón de género, entonces esta iniciativa es mero botín electorero y con intención de resucitar a su ya fallecido partido”, señaló.
Pese a que la sentencia de la SCJN data de septiembre de 2021, en Querétaro continúan las carpetas de investigación por el delito de aborto; este 2022 acumula 25 carpetas hasta el 31 de agosto, una tendencia similar a 2021, ya que se registraron 24 carpetas en el mismo tiempo. El año pasado cerró con 37 casos.
Cabe mencionar que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no presenta ninguna sentencia por este delito de 2020 a la fecha.
Al respecto, Dávila Alvarado consideró que es una estrategia de intimidación.
"Las tratan de usar, que sirvan de ejemplo si deciden sobre sus cuerpos. Nuestro cuerpo es un tema nuestro, instamos a la Fiscalía a que apoye o dé seguimiento a los casos que importan, los que no judicializan ni hacen nada”, resaltó.