La Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) hizo un llamado a los Poderes del Estado para que realicen las acciones necesarias para despenalizar el aborto; así como generar las condiciones institucionales para garantizar la libertad reproductiva de las mujeres.
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Con motivo del 28 de septiembre, Día de acción global por un aborto legal y seguro, la DDHQ se pronunció por la despenalización del aborto; además de exponer que la legislación del estado no está alineada con los preceptos que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la materia.
“Es por ello que esta Defensoría hace un llamado, en apego a sus funcione y desde el respeto a la autonomía de los poderes del Estado, para que lleven a cabo las acciones necesarias para la despenalización del aborto en su concepción absoluta, se adopten los preceptos constitucionales y convencionales ya definidos, y a partir de ello se contribuya el andamiaje institucional necesario para la generación de política públicas orientadas a garantizar la libertad reproductiva de todas las mujeres”, manifestó la DDHQ.
Asimismo, destacó que debido a que la legislación de Querétaro no está acorde con los pronunciamientos de la SCJN, se violan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la entidad.
“Este organismo público autónomo garante de los Derechos Humanos debe reconocer que en el estado de Querétaro la legislación en la materia no está alineada a los preceptos de interpretación constitucional determinados por la SCJN ni las posturas convencionales de los tratados internacionales signados por nuestro país, lo que supone la violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en nuestro estado”, expuso.
La DDHQ recordó que en septiembre del 2021 la SCJN resolvió que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta y por primera vez se pronunció por garantizar el derecho de las mujeres sin enfrentar consecuencias penales.
Además, explicó que la libertad reproductiva, en su derecho a decidir, implica que no corresponde al Estado conocer o evaluar las razones para continuar o interrumpir su embarazo.