La denominada Ley de Aguas de Querétaro representa un doble riesgo para la sociedad, pues además del daño ambiental que representa con la sobreexplotación del agua, el dinero que debería ser público terminará en cuentas bancarias de particulares, manifestaron activistas y organizaciones locales.
Te podría interesar
- Promueven 3 amparos
Obtienen pueblos indígenas suspensión provisional contra Ley de Aguas
- Descartaron inconstitucionalidad
Organismos de Derechos Humanos no fueron al trasfondo la Ley de Aguas de Querétaro, acusan activistas
- Faltan políticas de sustentabilidad
Alertan por sobreexplotación en mantos acuíferos de Querétaro
“La denominada Ley de Aguas causará un grave perjuicio al erario público, pues las cuotas por el servicio que deberían ingresar a la Comisión Estatal de Aguas serán canalizadas a las cuentas bancarias de los particulares concesionarios”, advirtieron defensores y activistas a favor del derecho humano al vital líquido.
Asimismo, organizaciones presentes informaron que han identificado ocho amparos contra la Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado de Querétaro, de los cuales sólo ha procedido la suspensión provisional para la comunidad indígena de Santiago Mexquititlán. El resto de los recursos se resolverán este mes de septiembre, confirmaron.
“Ellos quieren extraer para sí, para mantener su estatus de élite, hay una discriminación hacia el pueblo”, comentó Alberto Sosa, abogado del caso, al exponer también la dimensión socioeconómica de la también llamada Ley Concesiones, aprobada en mayo pasado por la Legislatura local.
Por el momento la ciudadanía no puede interponer más amparos, pero estarán posibilitados cuando haya algún acto de la autoridad que les afecte, por ejemplo, que se otorgue una concesión en su residencia. Tendrán 15 días para iniciar el procedimiento respectivo ante el Poder Judicial de la Federación.
Lorena Trueba Almada, activista del agua, subrayó que es un error creer que el problema puede verse como un fenómeno aislado, pues la sobreexplotación de un manto acuífero tiene un impacto más allá del polígono donde ocurre el consumo. “No es decir no, por decir no, es algo fundamentado y estudiado, tampoco han tomado el tema precautorio”.
Expusieron que su intención es abrogar la denominada Ley de Aguas. “El objetivo del amparo es hacer ver, estudiar, analizar esta ley desde perspectivas constitucionales e internacionales para hacer ver las incongruencias en materia de derechos humanos. Ver las faltas, omisiones y se vea que es contraria respecto a los derechos”, manifestaron.
“Esta ley, que legalizó la privatización del servicio público de agua potable, también vulneró el derecho humano a un medio ambiente sano, puesto que el análisis de los servicios ambientales debe ser conforme al principio de precaución, que también fue vulnerado”, expusieron en rueda de prensa.