A la fecha se han interpuesto tres amparos contra la Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro, los cuales se espera sean resueltos a finales de este mes, señalaron defensores del agua en el seminario de Ordenamiento Territorial de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
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Miguel Cardozo, integrante del despacho Vera y Asociados, detalló que los amparos fueron promovidos por tres personas defensoras de derechos humanos, la organización civil Cántaro Azul y una persona integrante de la Confederación de San Francisquito, barrio indígena ubicado en la capital del estado.
“La idea de las tres demandas es que, si bien son distintas, todos tienen un interés legítimo para poder promover este juicio de amparo indirecto contra la ley. Las interpusimos a finales de agosto, están admitidas, tienen fecha de audiencia constitucional a finales de septiembre. Las autoridades todavía no rinden sus informes justificados”, abundó Cardozo.
Puntualizó que en la demanda que promovieron con Cántaro Azul impugnaron toda la ley porque todo el texto tenía una noción inconstitucional. En las otras dos demandas, los jueces de distrito no aceptaron la demanda así, pues señalaban que tenía que quedar plasmada la afectación de los demandantes, como la carencia o irregularidad del servicio público.
“No concebían los jueces que uno fuera a reclamar el juicio de amparo a partir de un interés legítimo como la constitucionalidad de la ley, consideraban que sólo podía acudir quien se sintiera directamente afectado. Tuvimos obstáculos al principio, insistimos con el argumento de que combatíamos la existencia del sistema normativo y tuvimos que especificar artículos”, externó.
En agosto pasado, la comunidad indígena de Santiago Mexquititlán, Amealco de Bonfil obtuvo una suspensión provisional contra la también llamada Ley Concesiones, con la cual se protege al pueblo de cualquier intento del gobierno estatal o municipal de concesionar el pozo de su localidad.
Por su parte, Claudia Romero, coordinadora de incidencia de Bajo Tierra Museo del Agua, recordó la importancia de las acciones contra esta ley aprobada por la mayoría panista de la Legislatura de Querétaro, ya que tiene una lógica mercantil, opuesta a considerar el agua como un derecho humano.
El proyecto, que entró en vigor el pasado 1 de julio, tampoco puntualiza la protección de los sujetos de derechos, es decir, los usuarios, pues su prioridad es regular las concesiones de agua ya existentes en la entidad.
En el foro que tuvo lugar en la capital del país, Francisco Landa Reyes, representante estatal de Nosotrxs Mx, lamentó que, a tres meses de la detención de tres opositores a la Ley de Aguas, la criminalización siga ya que, aunque están en libertad y aún no han sido vinculados a proceso, siguen bajo investigación de la Fiscalía General del Estado.
Los activistas, a cuatro meses de acciones, protestas y rechazo contra la ley esperan que estos amparos logren la inconstitucionalidad y con ello revocarla.
Pese a la protesta, autoridades locales insisten en que la controvertida ley llegó para regular las concesiones existentes y no para concesionar el servicio. La semana pasada, Manuel Pozo Cabrera, diputado de Querétaro Independiente, señaló: “El tiempo nos ha dado la razón, no se privatizó, hoy la Comisión Estatal de Aguas está más sólida que nunca”, apuntó