Los sindicatos del país han incumplido con las obligaciones de adecuar sus estatutos y legitimar sus contratos colectivos, las cuales se establecieron en la reforma laboral de 2019, manifestaron integrantes de la Casa Obrera de Querétaro; señalaron que la entidad no es ajena a dicha situación.
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En rueda de prensa, llamaron a autoridades y trabajadores para que se movilicen con el fin de adecuar sus estatutos, refrendar contratos colectivos y liberar a los trabajadores de "sindicatos corruptos" ligados a grandes centrales como la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
En Querétaro se estima que hay poco más de 600 sindicatos, de los cuales la mitad no han adecuado sus estatutos, proceso que debió concluir hace dos años, según Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS). Para estar armonizados, debían incluir términos de perspectiva de género, pero, sobre todo, establecer elecciones libres, directas y secretas.
“Hablamos de que son sindicatos de centrales, que son negocios particulares, mafias. CTM, CROC, etc. Los dirigentes no han reformado sus estatutos porque no les interesan, están a gusto por cómo están las cosas”, agregó el coordinador del CILAS.
De igual forma, se desconoce cuántos contratos colectivos han sido legitimados por bases de trabajadores. En caso de no ser revisados, recordaron, los mismos perderán vigencia en mayo de 2023, aunque esto no implica que los trabajadores se queden sin derechos laborales, sino que estaríamos ante un momento en que pueden volver las relaciones individuales.
Esto puede dar paso a que los viejos sindicatos busquen presentar nuevos contratos: “la gran interrogante es, ¿esa desaparición masiva de contratos colectivos beneficia a las empresas? ¿O lo van a capitalizar los sindicatos corruptos?”, manifestó Héctor de la Cueva, quien señaló que es momento de que las bases trabajadoras tomen el control de sus representaciones y contratos.
Enfatizaron que las autoridades también pueden presionar a los sindicatos a regularizarse al condicionarles trámites como nuevas tomas de nota o revisar contratos colectivos. De esta manera, las instancias conciliadoras y tribunales deberían pedir que se actualicen los estatutos y revisen contratos antes de cualquier cambio.