La Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE) mantiene investigaciones contra tres activistas defensores del agua detenidos en junio pasado, a quienes acusa por delitos de resistencia y desobediencia de particulares y por los cuales solamente ha habido una sentencia condenatoria en los últimos dos años.
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“Hasta este momento no se encuentran vinculados a proceso, simplemente existe la carpeta de investigación abierta por los delitos de resistencia y desobediencia de particulares, delitos contra la seguridad y vías de comunicación y transporte”, abundaron integrantes de la Red en Defensa del Agua y la Vida (Redavi).
Los activistas fueron detenidos y liberados el 10 de junio por participar en la protesta en la que se cerraron carriles centrales de la avenida 5 de Febrero. Desde entonces no han sido llamados a declarar nuevamente, pero sigue el proceso de investigación abierto en la Fiscalía.
Los involucrados acusaron violaciones a sus derechos humanos durante su detención, como el uso excesivo de la fuerza, así como malos tratos y humillaciones, lo que motivó que la Defensoría Estatal de Derechos Humanos (DDHQ) iniciara una queja de oficio por los hechos.
De igual forma ha habido hostigamiento a otros manifestantes, como ocurrió con Braulio Ayala, profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), quien el 14 de junio estuvo a punto de ser detenido por la fuerza pública sin orden de aprehensión.
Según el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), de 2020 a la fecha, únicamente se ha registrado una sentencia condenatoria contra una persona por el delito de resistencia y desobediencia de particulares, mientras que de los otros delitos imputados no se han registrado sentencias en el mismo periodo.
En este caso de 2021, la sentencia condenatoria fue de entre 6 y 8 años de prisión para las tres personas imputadas; sin embargo, se incluye también la pena por el delito de homicidio en grado de tentativa.
El Código Penal de Querétaro advierte que quien incurra en dicha práctica recibirá de 6 meses a 2 años de prisión y una multa de hasta 40 veces el valor diario de la UMA.
Otros casos de criminalización de la protesta en la entidad han sido, por ejemplo, el de Sergio Jerónimo Sánchez Sáenz, líder social que fue detenido violentamente en 2021 por policías mientras se encontraba dando una clase a personas indígenas en la plaza de Armas; posteriormente fue liberado y absuelto.
Miembros de la Redavi señalaron que para reunirse con el Gobierno del Estado es indispensable que se garantice la libertad incondicional de los tres activistas y se eliminen las carpetas de investigación en su contra pues, de lo contrario, seguirán rechazando las invitaciones que les hagan a dialogar respecto a la que denominan Ley de Concesiones.
A tres meses de la aprobación de la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, activistas reiteraron que el proyecto es inconstitucional y poco a poco las instituciones les van dando la razón.
Lo anterior, en referencia a la suspensión condicional que un juez federal otorgó a la comunidad de Santiago Mexquititlán, para evitar la privatización de su pozo; así como un comunicado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que consideró un atentado concesionar el vital líquido en un entorno de pobreza.