Desde 2018 se ha tenido conocimiento de casi 40 casos de tortura en Querétaro, hechos que afectan no solamente a los internos en Centros de Reinserción Social (Ceresos) sino también a familiares que viven las secuelas de estos hechos, remarcó Adrián Ramírez López, integrante de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.
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En una protesta pacífica a las afueras de la Unidad Especializada en la Investigación de Tortura de la Fiscalía General del Estado (FGE), el activista con trayectoria de 26 años señaló que existe todo un entramado institucional que avala prácticas que van contra los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
“Es cierto, hay. Hay tortura al momento de la detención. También hay reportes de casos de abusos de personal de custodia; esto también lo hemos denunciado, lamentablemente al estar privados de la libertad, cuando viene derechos humanos, los presionan y los amenazan o los chantajean”, sostuvo Ramírez López.
El objetivo de la organización es que las personas denuncien ante la FGE y la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) estos actos por parte de la autoridad, pues el objetivo es convertir a Querétaro un territorio libre de tortura.
“La administración pasada (Francisco Domínguez Servién) generó una estela de impunidad una estela de negligencia e irresponsabilidad en la que la tortura se perpetuó. Hay casos que tienen 20 años denunciando la tortura la fabricación de evidencias y no se les ha escuchado”, destacó
Compartió el caso de Manuel Valenzuela, quien al ser ingresado en 2001, sufrió lesiones en los testículos y el pene, lo cual requirió Protocolo de Estambul para acreditarse y que se le diera seguimiento. Dicho documento es una guía para analizar casos de tortura en el mundo, sin embargo, solicitarlo llega a costar más de 60 mil pesos, dinero con el que no cuentan todas las familias de los internos.
Señaló que tuvo una reunión en la DDHQ y confío en que pronto habrá resultados para algunos casos. Al mismo tiempo destacó que hay poca presencia de organizaciones defensoras de los derechos humanos en la entidad, lo cual complica dar seguimiento a estos casos que son deudas históricas con internos y familiares, otras víctimas en estas circunstancias.