Son 30 asociaciones, comunidades y redes sociales las que solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) que, confirme a su facultad, interpongan una acción de inconstitucionalidad en contra de la nueva Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado del estado de Querétaro.
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En un comunicado de prensa, colectivos refirieron que tras realizar un análisis de la legislación, se identificaron disposiciones contrarias a las obligaciones de derechos humanos e invasión de competencia federal.
Explicaron que las instancias de derechos humanos cuentan con 30 días naturales a partir de la fecha de publicación de la ley para ejercer la acción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De igual manera, solicitaron medidas inmediatas en contra de la estigmatización de la protesta social en la entidad, que compromete el ejercicio pleno del derecho a la manifestación pública, expusieron en la misiva.
“Estos recursos se suman a las demás acciones legales que diferentes frentes y organizaciones están haciendo llegar a las autoridades, con el objetivo común de defender el agua y la vida del territorio queretano. La voz ciudadana es fundamental para activar a las instituciones en cuyas manos y en cuya obligación está por ley la prestación de la acción de inconstitucionalidad”, plantearon.