Se le han dado argumentos a la autoridad para promover la acción de inconstitucionalidad contra la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del estado de Querétaro, y no sólo ha sido la movilización ciudadana, sostuvo la vocera del Festival Agua que Corre, Claudia Romero Herrera.
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La tarde-noche del viernes, un contingente de entre 300 y 400 personas marcharon de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) a la Plaza de Armas, para manifestarse al exterior de Palacio de Gobierno, contra la legislación aprobada en mayo.
Organizaciones sociales, pueblos indígenas, docentes y sociedad en general presionaron a las autoridades encargadas de promover la acción de inconstitucionalidad para que lo hagan antes del lunes, fecha límite para interponer el recurso.
Representantes de Santiago Mexquititlán, comunidad de Amealco de Bonfil, leyeron un pronunciamiento en el que calificaron de "traidores del pueblo" a los integrantes de la Legislatura del estado y al gobernador Mauricio Kuri González y consideraron que en la misma ruta se encaminan la DDHQ y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), si son omisos a la petición y deciden no promover la acción de inconstitucionalidad.
El ombudsman del estado, Javier Rascado Pérez, debe promover la acción de inconstitucionalidad contra la denominada Ley de Aguas, "como acto mínimo de justicia social", consideraron.
Claudia Romero narró que le presentaron al presidente de la DDHQ un documento con argumentos ciudadanos, para presentar el recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin embargo, Rascado no lo firmó.
En la manifestación, en la que hubo saldo blanco, también exigieron que se detenga la criminalización de la protesta, pues recordaron que continúan abiertas las investigaciones en contra de tres personas detenidas la semana pasada, cuando tomaron la avenida 5 de Febrero y fueron dispersados por la Policía Estatal (PoEs).
Después del arranque la protesta, el ombudsman estatal ofreció una en conferencia de prensa, en la que confirmó la recepción de la propuesta y aseguró que será analizada con el resto de los expedientes y oficios sobre el tema.
Rascado Pérez adelantó que el lunes presentarán su dictamen técnico, en el que concluirán si hay o no elementos violatorios de derechos humanos en el proyecto aprobado en el congreso local.