En la manifestación contra la denominada Ley de Aguas hubo uso excesivo de la fuerza pública y detenciones arbitrarias, denunció Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
Te podría interesar
“Una vez que iniciaron estos actos de abuso de la fuerza pública, algunas personas ingresaron a la universidad a pedir auxilio, algunas con crisis, algunas personas golpeadas. Y tenemos el reporte de personas que fueron detenidas arbitrariamente; de estas personas, no tenemos completa certeza, pero sí me han indicado que al parecer alguna de ellas es parte de la comunidad universitaria”, detalló.
La también investigadora, solicitó a la secretaria de Gobierno del estado, Guadalupe Murguía, conocer el paradero, las condiciones físicas y legales de las personas detenidas durante la movilización.
“Se les levantó de forma arbitraria, con abuso de la fuerza pública, entonces exigimos conocer la situación de las siguientes personas: Roberto García Garrido, Juan Pablo Sevilla, José Armando Isidro y Roberto Antonio Garrido de Anda, estas son las cuatro personas de las que nosotros sabemos. (…) Nos indican que también personas de la comunidad de Amealco fueron levantadas, no tenemos la certeza, pero si así fuera también exigimos saber de su paradero, de su condición física y desde luego de su situación legal”, apuntó.
Por su parte, Claudia Romero, coordinadora de Estudios legales de Bajo Tierra Museo del Agua de Querétaro -uno de los organismos que participaron en la movilización- destacó que cuentan con evidencia de que hubo uso excesivo de la fuerza pública durante la protesta, e hicieron un llamado a los organismos de derechos humanos.
“Me gustaría resaltar que esta movilización fue totalmente pacífica, (…) en el momento en que fue esto, acababa de pasar el espacio cultural, hubo música, etcétera, (se emitió) el pliego petitorio que presentaba la Red por la Defensa del Agua y la Vida en Querétaro”, abundó.
Explicó que en el movimiento se plantearon tres puntos principales: la abrogación de la ley que se aprobó el mes pasado en el Congreso, para dar pié a una verdadera Ley de Aguas; establecer mesas de trabajo, para resolver los conflictos que hay en el estado a causa del manejo del agua por concesiones; y la acción legal para que organismos de derechos humanos y la propia Conagua interpongan la acción de inconstitucionalidad contra la ley referida.