Pérdidas millonarias por robo y daño a instalaciones del sector público en Querétaro

El aumento de robos y vandalismo a las instalaciones de dependencias estatales y municipales en el último año ha significado pérdidas millonarias a las instituciones públicas de Querétaro, no solo por el robo de materiales, sino también por los daños ocasionados y el costo de reparación de estos.
 
Las afectaciones más importantes se han dado en la Comisión Estatal de Agua (CEA), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) e incluso en el mismo gobierno municipal de Querétaro.
 
Tan solo durante el 2021, la CEA reportó que sufrió el robo de más de 300 de sus alcantarillas, con valor de entre dos mil y seis mil pesos; lo que les generó pérdidas económicas por casi dos millones de pesos.
 
Mientras tanto, la CFE también ha registrado pérdidas cuantiosas por el daño a sus instalaciones y por el robo de cables; toda vez que el año pasado 19 de sus inmuebles fueron vandalizados.
 
Representantes de la empresa productiva del Estado señalaron que el perjuicio no es solo el robo, sino el daño colateral que implica fallas eléctricas en zonas urbanas, daño a transformadores e incluso la muerte de la persona que intente robar los cables o alcantarillas de los registros de luz.
 
Para el ingeniero electromecánico egresado de la Universidad Marista de Querétaro, Alberto Juárez Hinojosa, los daños colaterales por robos a sus instalaciones pueden llegar hasta a averiar un transformador y dejar sin suministro a miles de personas.
 
"Al momento en que el cable se corta, la energía sufre una interrupción indebida por lo que, si no hay seguros en el transformador de energía de origen, este puede tener daños severos y su reparación puede ir desde los 12 mil hasta los 50 mil pesos dependiendo el diagnóstico", explicó.
 
El experto en ingeniería eléctrica advirtió también sobre los peligros que estos actos pueden significar para las personas que los realizan, pues corren el riesgo de sufrir una descarga mortal.
 
"Cuando se hacen maniobras de mantenimiento o instalaciones se debe contar con un equipo especializado, no sólo es cortar el cable y ya, estás poniendo en riesgo tu vida si tratas de robar cables; además dependiendo del daño, la restauración de energía en zonas urbanas con viviendas puede tardar hasta tres días para regresar a la normalidad la red de energía eléctrica”, subrayó.
 
Aunque sin un parámetro específico de crecimiento, las dependencias reconocen que el último año han notado un incremento de incidentes, por lo que han buscado que las autoridades de Seguridad establezcan más medidas de protección en sus instalaciones.
 
“Estamos trabajando con la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, no solo en temas de alcantarillas, también de la Comisión Federal de Electricidad y el problema es complejo, se está trabajando, lo que nos corresponde es detectar donde faltan y reemplazarlas inmediatamente”, señaló el vocal ejecutivo de la CEA, Luis Alberto Vega Ricoy, en una entrevista.
 
Chatarreras, lugares sin regulación
 
Tanto la CEA como la CFE han señalado que el material robado generalmente llega a las “chatarreras”, lugares donde se venden y compran metales tanto ferrosos como no ferrosos; sin embargo, para el legislador local Manuel Pozo Cabrera la falta de regulación ha permitido que este tipo de establecimientos sigan operando sin consecuencias.
 
En la capital del estado, según las cifras de la Secretaría de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro, se tiene el registro de 112 establecimientos de ese tipo.
 
De acuerdo con la Secretaría General de Gobierno del municipio de Querétaro, a partir del 1 de octubre de 2021 hasta el 1 de abril de 2022, se han realizado 73 visitas de inspección y se iniciaron 33 procedimientos administrativos en igual número de establecimientos, determinando la suspensión temporal de 15 de ellos.
 
La principal causa para la suspensión de actividades fue por no contar con la licencia de funcionamiento, ejercer la actividad comercial con giros distintos a los autorizados o bien, encontrarse con invasión en vía pública.
 
Pozo Cabrera resaltó que ante la problemática es necesario crear una normativa penal que implique mayores sanciones, no sólo a quien extraiga las piezas, sino también a quien las comercialices en este tipo de establecimientos.
 
"La propuesta que hice para reformar el Código Penal es precisamente elevar las penas por daño, robo y comercialización del mobiliario público, de manera que las penas se eleven a 96 mil pesos de multa y de cuatro a 10 años de cárcel para quienes roben y hagan comercio con el mobiliario”, expresó.
 
Mientras que para los comercios donde se detecte que se oferta material robado se establecen multas de hasta 38 mil pesos y de 10 a 15 años de cárcel, además de trabajo comunitario.
 
El diputado del Partido Querétaro Independiente (QI), mencionó que se espera que con esta reforma las autoridades tendrían facultad para frenar este tipo de robos.
 
"Se tienen que mejorar los registros, las inspecciones y los rastreos en las chatarreras, sobre todo porque son comercios tan complejos donde llegan a vender muchas cosas", resaltó.