Reforma al Código Penal de Querétaro atenta contra derecho a la información y protesta, acusan abogados

Las modificaciones al artículo 159 del Código Penal de Querétaro, incluidas en el paquete legislativo propuesto en estos días por el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, y aprobado por el Congreso local, coartan el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza el derecho a la información, consideró Rogelio Estrada Pacheco, abogado especialista en Derechos Humanos.  

El académico de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), César Tarello Leal, descartó que esto pueda significar una “ley mordaza”, pero sí cuestionó la opacidad en que se llevó a cabo la discusión y aprobación del dictamen, así como la falta de socialización sobre el tema, lo que derivó en los rechazos del gremio de periodistas hacia ese artículo. 

Aunado a esto, las reformas de Kuri González incluyeron modificaciones en materia de seguridad y justicia cívica, específicamente del entorno urbano y del uso del espacio público, lo que se suma al contexto de criminalización de las protestas sociales que tienen sus antecedentes en 2020, con la aprobación de la llamada “Ley Garrote”, refirió la abogada Laura Santos, directora de Investigación del Colectivo de Litigio Estratégico en Derechos Humanos (CLEIDH).  

"Era una ley que buscaba restringir el acceso a derechos, entre ellos la libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de reunión, todos estos derechos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a su vez sin conocidos como derechos políticos", enfatizó la abogada.  

Contra tratados internacionales

Estrada Pacheco, excolaborador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), recordó que este delito ya estaba establecido en el Código Penal de Querétaro y se castigaba de 1 a 5 años de prisión a quién, sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo utilice, rebele, entregue y facilite el acceso a la información de documentos o de cualquier objeto que sea público o privado.  

No obstante, subrayó que en este paquete legislativo se realizaron nuevas modificaciones al artículo 159, por lo que se prevé un aumento de las penas.  

"En donde yo le veo que hay un problema es que va dirigido a los servidores públicos, a los periodistas o aquel que se dedica a comunicar, recabar información o investigar, y es donde establece que se aumentarán las penas hasta en una mitad cuando la conducta se realice aprovechándose de algún empleo, cargo, profesión, arte u oficio y se incluye a los servidores públicos, además de las penas señaladas se inhabilitará y destituirán del cargo a los servidores públicos", enfatizó.  

Precisó que el que el apartado del artículo refiera que cometerá este delito todo aquel que “aprovechándose de algún empleo, arte, comisión u oficio” es inconstitucional y va en contra del secreto profesional del periodista para revelar sus fuentes. 

"Si un servidor público le da a usted una información, le darán penalidad de 1 a 5 años, y esto violenta al artículo seis constitucional, y desde luego a la ley del otorgamiento de las fuentes que no pueden ser reveladas", dijo.  

Al respecto, el abogado refirió que, por lo menos, se debe eliminar ese apartado que penaliza las filtraciones a periodistas por parte de algún servidor público. Aunque ahondó en que es un delito muy difícil de comprobar por parte de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE).  

La modificación también radica en que se cambió el nombre del título y del capítulo en que se encuentra el artículo 159 del Código Penal, ya que pasó de "Título Séptimo: Delitos contra la inviolabilidad del secreto y el acceso ilícito a sistemas de informática" a "Título Séptimo: Delitos contra la inviolabilidad de la información".  

Asimismo, el capítulo antes de las recientes modificaciones se nombraba como "Revelación de secreto" para ser "Revelación de información". 

Rogelio Estrada Pacheco consideró urgente interponer una acción de inconstitucionalidad ante la CNDH para echar abajo esta modificación o que el gobernador ejerza su facultad de veto.  

“Una ley mordaza es aquella que por su naturaleza fuera en contra de las libertades públicas, y la libre manifestación de ideas, sobre todo la libertad de expresión y la libertad de publicación, cuando tuvieran estos dos elementos claro que se hablaría de una ley mordaza, pero aquí no me está diciendo esto. Más bien un vicio que un vicio que encuentro es que se haya aprobado rápido, sin discusión, sin foros, y que el presidente de la Mesa Directiva ni siquiera leyó el dictamen”, argumentó al respecto Tarello Leal. 

Recalcó que este artículo no es intimidación a los periodistas, ni a los servidores públicos que funcionan como fuente. Precisó que en el único delito que se podría incurrir con las filtraciones es cuando la información que se divulgue sea considerada como reservada que, de acuerdo con las leyes estatales y federales en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se refiere a información gubernamental que temporalmente está protegida por comprometer la seguridad nacional. 

Sobre el uso del entorno urbano  

En el paquete legislativo del gobernador Kuri González no solo se hicieron modificaciones a más del 30% del Código Penal de Querétaro, sino que también se realizaron diversas reformas y adiciones en materia de Seguridad y Justicia Cívica que podrán sancionarse con una multa mínima de dos mil 405 pesos a 5 mil 292 pesos, arresto de 24 horas y trabajo comunitario de 12 a 18 horas. 

En un párrafo se precisó que en “términos de lo dispuesto en los reglamentos municipales, podrán considerarse infracciones contra el entorno urbano dañar, pintar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de las fachadas de inmuebles públicos o particulares, sin autorización de éstos”, indicó.

Se incluyen estatuas, monumentos, postes, arbotantes, semáforos, buzones, tomas de agua, señalizaciones viales o de obras, puentes, pasos peatonales, plazas, parques, jardines, elementos de ornato u otros bienes semejantes, así como daños a bienes muebles o inmuebles, estatuas o monumentos con valor histórico. 

También establece que podrá considerarse como infracciones “cambiar de cualquier forma, el uso o destino del espacio público, sin la autorización correspondiente”. 
Sobre este tema, Laura Santos, abogada especialista en Derechos Humanos y directora de Investigación del Colectivo de Litigio Estratégico en Derechos Humanos (CLEIDH), consideró que con estas disposiciones se está condicionando el uso del espacio público en las protestas sociales. 

“Se está observando que, incluso para una manifestación social, se requiera la autorización, pero en las directrices internacionales de derechos humanos está previsto que no se requiere de la autorización para hacer algún tipo de manifestación o protesta”, refirió. 

Consideró que estas reformas tienen afectaciones al uso del espacio público de las personas indígenas que buscan vender sus artesanías en las plazas públicas del Centro Histórico de Querétaro. 

“Es muy evidente cómo bajo este paquete de reformas se busca saltarse varios temas que le son incómodos a gobierno como las manifestaciones, la situación de los vendedores y vendedores indígenas, que están en el Centro Histórico, que también tiene que ver con un tema de clasismo, racismo y discriminación”, subrayó. 

Apuntó que el estado de Querétaro está haciendo caso omiso a los parámetros internacionales de derechos humanos, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fijado criterios acerca de la prohibición de la manifestación colectiva y de la prohibición en contra del uso de la detención arbitraria.  

Reformas aprobadas al fast track y de carácter punitivo 

Las reformas fueron enviadas por el ejecutivo estatal a la LX Legislatura de Querétaro el viernes 22 de marzo, y el lunes 25 de ese mes fueron recibidas en la Mesa Directiva del Congreso. A partir de entonces, su curso legislativo tuvo un plazo de seis días, por lo que el viernes 01 de abril se dio la aprobación del dictamen en Sesión de Pleno.  

Al respecto, Rogelio Estrada criticó que estas reformas fueron aprobadas al fast track y sin un análisis a fondo. 
"En este caso concretamente como ya fue aprobada muy al vapor, en días, en paquete extraño y con muchas leyes, modificaciones, pero sobre todo lo que marca es que están aumentando las penas y eso no disminuye el delito, la prevención es la que va a disminuir el delito, evitar que suceda el hecho delictuoso”, indicó. 

Para la abogada Laura Santos, estas reformas corresponden a una medida punitivista “socialmente aceptada y aplaudida” por las personas que desempeñan cargos públicos, pero que no terminan de resolver los problemas que enfrenta la sociedad. 

Aunque en este paquete legislativo se incluyeron aumentos de las penas en delitos como feminicidio, homicidio calificado y violencia en los eventos deportivos y espectáculos y se contemplan multas a delitos como lesiones, omisión de auxilio a atropellados, privación de la libertad, asalto, violación, abuso sexual, estupro y delitos por corrupción, la abogada consideró como insuficiente para el acceso a la justicia. 

“Siguiendo la lógica punitivita no sirve el aumento de las penas cuando fiscalía general del Estado esta rebasada y no tiene la capacidad de investigar, brindar medidas de protección y judicializar las carpetas de investigación que existen”, resaltó. 

Gobernador asegura que hay libertad de expresión 

Al ser cuestionado sobre este tema, el mandatario desconoció que la reforma al artículo 159 estuviera incluida en el paquete legislativo presentado por él mismo, y precisó que la iniciativa que mandó al Congreso Local el pasado 22 de marzo la trabajó su equipo de seguridad y de Secretaría de Gobierno. 

Aseguró que este artículo del código penal apenas lo “tenía en el radar”, por lo que se comprometió a revisar el tipo penal y escuchar todas las voces; apuntó además que su gobierno no será represor para los comunicadores. 

“No la tenía en el radar, me la acaban de pasar, pero la vamos a revisar, en Querétaro siempre lo he dicho, necesitamos periodistas que hagan sentir incómodos a los gobernantes, es la primera labor (…). La voy a revisar, no me ha llegado, creo que sigue en la Legislatura, en cuanto llegue, si es que llega, la voy a revisar. Estoy dispuesto a escuchar a todas las voces”, mencionó. 

Respecto a las modificaciones del uso del espacio público, el mandatario estatal aseguró que en su gobierno está garantizada la libertad de expresión y negó que esto coarte la libertad de manifestación. 

“Las protestas tienen un tema constitucional, no solamente en la constitución de Querétaro, sino federal, así que no se preocupen porque esa parte está garantizada, la libertad de expresión y la libertad de manifestación”, resaltó. 

En tanto, el diputado del Partido de Acción Nacional (PAN), Antonio Zapata quien es presidente de la Comisión de Seguridad dijo que esta modificación al 159 era una norma vigente desde el 2011. 

Aclaró que, aunque respeta la decisión de Kuri González sobre revisar la reforma, desde el Congreso no vislumbran ninguna violación a derechos humanos, ya que argumenta que el cambio en la ley fue solo para actualizar la norma.