El 19 de enero de 2021, en el Centro de Salud de Tolimán, una recién nacida sufrió quemaduras de tercer grado con una lámpara de incubadora; por este hecho, la madre interpuso una demanda por responsabilidad patrimonial ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Salud del estado. Un año y tres meses después, no ha obtenido justicia.
En entrevista para Vía·Tres, el encargado legal del caso, Miguel Nava Alvarado, afirmó que la Secretaría de Salud obstaculiza el ejercicio de derechos para que los padres de la recién nacida puedan acceder a la justicia; pues se les ha negado el expediente médico de la menor.
En febrero, la dependencia estatal notificó que la demanda fue desechada por el OIC, debido a que la madre no pudo cubrir el costo de las copias del expediente.
"Para que puedan darle seguimiento a su demanda patrimonial, le piden copias del expediente, se le pide a la Secretaría de Salud y le dicen que vale 46 pesos cada copia certificada. Y como vale eso, y la señora no tiene cómo pagar, pues simplemente desechan la demanda", enfatizó Nava.
El también exombudsman del estado (2012-2017) añadió que se está condicionando el ejercicio y el derecho humano al acceso a la justicia, puesto que la familia es indígena otomí y se encuentra en condición de pobreza.
"La madre tiene una situación de pobreza; se encuentra sola porque su esposo trabaja en la Guardia Nacional y está en Chiapas", añadió.
Nava Alvarado denunció que existen otros procesos de investigación de tipo penal y una queja ante la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), los cuales no han tenido avance alguno.
"Vemos una simulación, primero de Gobierno del estado que no se quiere hacer responsable. Una Fiscalía a modo porque la denuncia está presentada ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y no camina el asunto. La Defensoría de los Derechos Humanos, aunque amablemente me atendió el presidente la semana pasada, tampoco vemos que haya un avance”, detalló.
Lamentó también que la DDHQ no haya fincado medidas cautelares, con el propósito de que las copias del expediente fueran proporcionadas al OIC.
"Nosotros como despacho estamos haciendo lo necesario y se logrará el objetivo; pero ¿por qué el Estado está litigando en contra de víctimas que él mismo está generando? ¿Por qué obstaculiza el ejercicio de derechos?", recalcó.
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"La investigación sigue en proceso”, responden Secretaría de Salud y DDHQ
Cuestionada sobre este tema, la secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón, declaró el 6 de abril que la investigación continuaba ante el Órgano Interno de Control, por lo que no podía dar más detalles al respecto. Esto pese a que desde febrero el OIC desechó la denuncia.
"Está este tema en el OIC, ellos están siguiendo su procedimiento, ellos tienen sus tiempos y todavía no hay una resolución, emitirán su dictamen cuando lo consideren oportuno, ya cuando concluyan la investigación”, afirmó.
Pérez Rendón dijo desconocer si el personal médico implicado en el caso fue suspendido mientras se determinan las responsabilidades.
"Está en manos del Órgano Interno y ellos determinan qué es lo que sucede con los trabajadores. Y no sé cuándo se dará una resolución. Te repito, ellos tienen sus tiempos. No es injerencia de mi autoridad. No te puedo dar un plazo porque no está en mi control”, afirmó.
El titular de la DDHQ, Javier Rascado Pérez, aseguró a Vía·Tres que seguía en proceso la investigación.
"Seguimos recabando la información por parte de las autoridades correspondientes y nos están brindando los informes. Tenemos que estar atentos a los procedimientos que están llevando otras instancias”, sostuvo.
Ante la defensoría, la Secretaría de Salud de Querétaro acumula 116 quejas, de las cuales 15 son por violencia obstétrica; además 77 están clasificadas como "otros" motivos.
La DDHQ ya registra cinco quejas en este año por negligencias médicas en el estado; desde el 2018 hasta la fecha, las quejas por negligencias médicas suman 24, de acuerdo con datos proporcionados por la defensoría.