Un año después, FGE mantiene abiertos procedimientos penales contra manifestantes del 8M

Un año después de que la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE) iniciara procedimientos penales contra mujeres que se manifestaron el 8 de marzo de 2021, activistas dieron a conocer que estos siguen abiertos; por lo que, a punto de iniciar las movilizaciones del presente año, se dijeron víctimas de criminalización y persecución política.
 
Tanto el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado como la FGE confirmaron la vigencia de estos procesos; mientras las integrantes del organismo Feminismo Para Todas Mx detallaron en entrevista con Vía•Tres que son cuatro las carpetas que prevalecen contra Ariana N, Yamilet N, Daniela N y su madre.
 
La colectiva aseguró que los procedimientos penales contra las mujeres han sido opacos y sin apego al debido proceso; además señalaron hostigamiento por parte de las autoridades.
 
"Ha sido un proceso muy complejo, tanto personal como de quienes las hemos acompañado. Desde un inicio se les ha acosado moralmente", subrayó Julieta Arvizu, abogada de la colectiva Feminismo Para Todas MX.
 
Para Yuriria Pérez, integrante de Colectiva Juntas, a esto se suma la preocupación por las movilizaciones de este año; pues consideraron que la nueva administración, del gobernador Mauricio Kuri González, “mantiene un discurso que estigmatiza las protestas y legitima la criminalización”.

 
8M del 2021
 
Al grito de “ni una asesinada más”, el 8 de marzo de 2021, alrededor de siete mil mujeres, niñas y jóvenes, salieron a las calles de Querétaro para exigir el cese a la violencia que se vive en la entidad.
 
Tan solo el año pasado, el estado se mantuvo en el primer lugar nacional con la mayor tasa de lesiones dolosas contra las mujeres y, a la par, se registraron 9 feminicidios; esto según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
 
El contingente partió de la Alameda Hidalgo y concluyó en la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, unidad que ha sido señalada por activistas queretanas como ineficiente para atender las denuncias, y que en diciembre de 2021 fue reubicada en el edificio central de la FGE.
 
En ambos puntos, algunos grupos de mujeres realizaron pintas con el nombre de sus agresores, rompieron vidrios e incendiaron papeles, cantaron y corearon consignas pidiendo resolución a sus casos.
 
Horas después de que concluyera la marcha, la Fiscalía emitió un comunicado en el que aseguró el “respeto a las manifestaciones y en particular, a las que hacen referencia a temas como la seguridad, dignidad, libertad e igualdad de las mujeres” y lamentó que se registraran daños al inmueble.
 
El 9 de marzo de 2021, el entonces gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, aseguró que las causas por las cuales las mujeres protestan serían escuchadas y, aunque “lamentó” las formas de protestar, aseguró que no se iniciarían cargos en su contra.
 
No obstante, el 7 de abril de 2021, la Unidad II del Sistema Penal, Acusatorio y Oral en el Estado de Querétaro, resolvió la cumplimentación de órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía. La finalidad era investigar “los agravios provocados al Municipio de Querétaro”, por la maqueta que se encuentra al exterior de la Alameda Hidalgo.
 
Sin embargo, fue hasta el 27 de junio, una vez pasadas las elecciones del 6 de junio, en las que ganó el panista Mauricio Kuri González, cuando la Fiscalía informó de la aprehensión de dos jóvenes.

Sin embargo, las colectivas señalan que fueron al menos seis personas arrestadas y algunas más con orden de aprehensión no ejecutada.

Desde entonces, aseguraron las activistas, las dependencias estatales, municipales y la FGE, han emitido información contraria a sus protestas, a los organismos de derechos humanos y a las defensas legales de las jóvenes detenidas.
 
Tampoco han dado respuesta a los señalamientos de las detenidas, que en diversas ocasiones relataron que fueron aprehendidas con engaños, y que no se les permitió realizar la llamada a la que por ley tienen derecho.
 
Hay casos como el de Ariana N, una de las jóvenes que mantiene proceso abierto, quien ni siquiera acudió a la marcha de 2021 y fue señalada como participante sólo por subir fotos y consignas de apoyo en sus redes sociales; aun así, se le acusó del delito de daños dolosos ocasionados a la unidad de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio.
 
Los abogados señalaron ante la Juez que se tomaron datos personales de la carpeta de violencia sexual que Ariana inició en 2019; por lo que consideraron fue un acto ilegal y se violaron derechos fundamentales.
 
Organismos como Amnistía Internacional han llamado a las autoridades estatales a realizar un proceso conforme a derecho. Tal es el caso de la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, que el 22 de julio emitió un comunicado al respecto señalando la preocupación por la persecución del estado hacia las manifestantes, las detenciones arbitrarias de las que fueron objeto y por diversas violaciones a sus derechos humanos.
 
“Ante la audiencia para dos mujeres activistas por su participación en la protesta en Querétaro del 8 de marzo pasado, la ONU-DH recuerda lo señalado por diversas instancias sobre uso del derecho penal y protesta social (…) es de especial preocupación que se criminalice a mujeres jóvenes, muchas de las cuales recién inician en la defensa de sus derechos humanos”, expresaron.

 
Aunque no fue vinculada a proceso, Ariana continua bajo investigación, pero esta vez por los presuntos daños a la maqueta. De acuerdo con Julieta Arvizu, de Feminismo para Todas Mx, los procedimientos penales hacia Ariana han impactado en su salud física y mental, pues el año pasado tuvo un intento de suicidio y afectaciones a su embarazo.
 
“Pese a que el nuevo sistema penal acusatorio refiere sobre la inmediatez y celeridad en los procesos, este no se le ha llevado de esta manera, todavía seguimos esperando a la audiencia intermedia, que lleva más de dos meses y con esto se le vulnera más”, apuntó la abogada.
 
Refirió que no sólo está abierto un procedimiento contra Ariana, sino que hay tres mujeres más a las que acompañan, entre ellas una madre y su hija.
 
“A Daniela le están pidiendo nombres de compañeras que participaron de la marcha con la promesa de que si proporciona esa información se cierra su carpeta. Ella y su mamá sienten angustia, con miedo porque no saben qué ha pasado con sus órdenes de aprehensión”, indicó.
 
Detalló que en el caso de Daniela se le acusa por daños al a Fiscalía, mientras que a su mamá por daños a la maqueta.
 
El lunes 28 de febrero de 2022, la colectiva Feminismo Para Todas MX, hizo una actualización de las carpetas y aclaró que fueron 10 las mujeres a las que se les iniciaron procedimientos penales.
 
Además, señalaron que la colectiva ha acompañado a 6 mujeres con carpetas de investigación, de las cuales 4 aceptaron el procedimiento abreviado, aceptando la responsabilidad y antecedentes penales; además de que tuvieron que emitir un pago reparatorio.
 
Al respecto, el pasado jueves 3 de marzo, durante un evento del gobernador, Vía•Tres cuestionó al Fiscal Alejandro Echeverría Cornejo sobre las declaraciones emitidas por la colectiva feminista; el funcionario negó que hayan sido 10 las mujeres implicadas.
 
Ese mismo día su oficina de comunicación social envió a este medio una ficha refiriendo que la dependencia recibió denuncias por daños y se iniciaron dos carpetas de investigación que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, se acumularon y se incorporaron en una carpeta de investigación para los mismos hechos.
 
“En relación con los procesos de investigación se judicializó a cinco mujeres. Con asesoría de su defensa particular, cuatro de ellas hicieron valer su derecho de un procedimiento abreviado, por lo que el proceso penal en su contra ha concluido”, señaló la tarjeta.

 
Una represión histórica
 
Yuriria Pérez, activista de la Colectiva Juntas y especialista en derechos humanos, recalcó que las movilizaciones de mujeres en la entidad no son nuevas, aunque reconoció que desde 2020, las protestas de mujeres han tenido un mayor número de asistentes.
 
“En ese sentido, tampoco es nuevo o sorprende la criminalización de la protesta, es decir, tanto gobiernos pasados como actuales se han caracterizado por esta represión y criminalización de la protesta, solo que ahora contamos con otras herramientas para hacerlas más visibles, para mediatizarlas” indicó.
 
Consideró que, desde hace años, los gobiernos han estado más interesados en la persecución de las manifestantes, que en atender los temas pendientes en materia de violencia de género.
 
“En los últimos tres años, aunque hubo cambio de administración, sigue siendo el mismo partido, la misma ideología, la misma extrema derecha la que está reprimiendo la legítima protesta feminista, con acciones calculadas porque se atraviesa la cuestión electoral y se calculan los movimientos para que no afecten los resultados de las elecciones”, enfatizó.
 
Resaltó la preocupación de que la actual administración haya emitido discursos que criminalizan a las mujeres: por ejemplo, las declaraciones emitidas por Guadalupe Murguía, secretaria de Gobierno, en donde señaló que hay grupos de choque en las protestas.
 
“La extrema derecha en el estado usa mecanismo para atemorizar a las manifestantes y el mensaje es: no nos interesa protegerlas, no nos interesan sus derechos y cualquier mujer que se atreva a lo contrario, sufrirá las consecuencias”, concluyó.