Querétaro se convertiría en el primer estado en el país en contar con una estrategia de registro de contratos ante el Registro Público de la Propiedad, lo que daría certeza a quienes arrenden un inmueble, un registro que será voluntario y no un impuesto, como se ha manejado, aseguró el presidente del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Querétaro (Cepiq), Arturo Hernández.
“Es un derecho, ya sea para el arrendador o el inquilino, cualquiera de los dos puede ingresar su contrato al Registro Público (…) hay una contradicción de tesis que publicó la Suprema Corte en 2019, pide que todos los contratos, todos, tengan fecha cierta; es decir, que se pasen ante notario público, que tengan fe pública”, dijo.
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Lo anterior lo señaló al refutar lo declarado por el diputado Gerardo Ángeles, presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto, de la Legislatura local, quien en días pasados dio a conocer que para 2023 se espera la aplicación de un nuevo impuesto en Querétaro, el cual estaría enfocado en el sector inmobiliario, especialmente en el arrendamiento de inmuebles.
Pese a esta publicación de la SCJN, Arturo Hernández precisó que Querétaro es el primer estado en el país en implementar un instrumento legal como este para dar cumplimiento a dicha contradicción, pero también para dar certeza y seguridad a la propiedad.
El Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Querétaro (Cepiq) alberga a las cuatro grandes organizaciones del gremio en la entidad: la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (Ampi), la Asociación Queretana de Inmobiliarias (Aqui), la Asociación de Mujeres de Servicios Inmobiliarios (Amsi) y la Asociación Coordinación Empresarial SIQ (Cesiq); las cuales se unieron en la Cepiq con el objetivo de tener una mayor representación gremial.
De ahí que el dirigente de Cepiq precisó que para la implementación de esta nueva medida, el gobierno estatal la “socializó” entre el gremio inmobiliario, quienes desde principios de este año ya venían promoviendo un registro gremial que permitiera disminuir los casos de fraudes inmobiliarios, así como evitar supuestos como los que establece la Ley Nacional de Extinción de Dominio (medio jurídico mediante el cual se logra la pérdida del derecho de una propiedad sobre los bienes que directa o indirectamente sean instrumento, objeto o producto del delito).
Agregó que, ante cualquier problemática legal, el Código Civil federal, establece que para que la demanda proceda, el contrato debe de tener fecha cierta, o sea, haber sido inscrito al Registro Público de la Propiedad o haberse pasado ante notario público, lo que se podrá tener con esta nueva disposición en Querétaro.
Es por ello que, afirmó, que esta medida dará certeza tanto a inquilinos como a arrendatarios sobre su propiedad, además de que evitará que se “creen contratos de la nada” para evitar pagar impuestos.
Cabe recordar que la propia Cepiq, había señalado que alrededor del 24% de los juicios en materia civil y mercantil que se registran en la entidad, resultan ser por fraudes inmobiliarios, un fenómeno que va al alza en la entidad.