Antes de ingresar a un anexo, es pertinente revisar si éste cumple con la Norma Oficial Mexicana (NOM) 028 para llevar a cabo un correcto tratamiento de rehabilitación, resaltó Rebeca Mendoza Hassey, directora de los Centros de Integración Juvenil (CIJ) en Querétaro.
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Mendoza Hassey invitó a la población a acercarse al Consejo Estatal contra las Adicciones (CECA) para recibir orientación sobre los centros certificados en caso de que una persona decida someterse a un tratamiento de tipo residencial en una clínica de este tipo.
De 124 anexos registrados en el estado, solamente siete cumplen con la Norma Oficial Mexicana (NOM) 028 para llevar a cabo un correcto tratamiento de rehabilitación, resaltó la especialista, tal como lo ha informado anteriormente Vía.Tres.
El proceso para certificarse en la NOM-028, publicada en agosto de 2009, es gratuito. Obliga a los centros de tratamiento de tipo residencial, coloquialmente conocidos como anexos, a que -entre otras cosas- cuenten con personal médico y psicológico las 24 horas, lo cual genera un gasto que no todos los centros de rehabilitación están dispuestos a pagar, según la especialista.
“Obviamente esto va a generar un costo para el titular o dueño del centro, que tiene que salir de lo que se cobra de acuerdo a un tratamiento de rehabilitación”, externó, al tiempo que un tratamiento de tres meses para una persona puede oscilar desde los 15 mil y hasta en 30 mil pesos
Mendoza Hassey, quien fuera titular del CECA durante el sexenio de José Calzada Rovirosa, destacó que en muchos casos los titulares de los centros aplican programas de rehabilitación conforme las experiencia que vivieron o creen que sean las adecuadas, por lo que se carece de estas condiciones adecuadas para dejar el alcohol o las drogas.
“Estos padrinos no tenían los conocimientos primarios, no hablemos de títulos universitarios, no tenían los conocimientos elementales. Hoy la NOM-028 sí establece que debe haber un consejero en adicciones, hoy es obligatorio en Querétaro”, agregó Mendoza Hassey.
La NOM-028 establece además que dichos centros no deben tener sobrepoblación ni utilizar procedimientos que atenten contra la dignidad, así como la integridad física y mental del usuario, sin embargo notas periodísticas de los últimos han reflejado que estos espacios incumplen con esta y otras disposiciones, así como con el respeto a los derechos humanos.
Este año los anexos fueron noticia en medios de comunicación, ya que se registraron al menos dos decesos al interior de estos centros: uno en abril en San José El Alto y otro en agosto en El Carmen, El Marqués. En el primer caso la Fiscalía General del Estado vinculó a proceso a siete personas y en el segundo señaló que estaría próximo a hacerlo, esto en septiembre.
En ese mes se ingresó a la Legislatura del Estado una iniciativa que busca sanciones de 10 a 15 años de prisión y de 500 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien opere anexos sin apego a las norma o que utilice violencia física.
Por si fuera poco, en 2017, se dio a conocer también el caso de una mujer lesbiana que fue anexada en el municipio de Corregidora, pues su familia pretendía “curar” sus preferencias sexuales. Finalmente, fue liberada gracias a la presión ejercida desde la sociedad civil y las redes sociales.