Aunque pasaron más de cinco meses desde la represión de la marcha contra la Ley de Aguas en avenida 5 de Febrero, las tres personas detenidas ese día por la Policía Estatal (PoEs) todavía enfrentan acusaciones penales que no han sido resueltas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro.
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Marchan en Querétaro para pedir Ley de Aguas ciudadana
Lo anterior fue denunciado por Bajo Tierra Museo del Agua, una de las organizaciones promotoras de la lucha social, en un comunicado con motivo de los cinco meses de la criminalización de la protesta y a seis de las acciones contra la denominada Ley de Aguas de Querétaro, también conocida como Ley Concesiones.
El organismo encabezado por el fiscal Alejandro Echeverría Cornejo no ha iniciado ni desistido de acciones contra las personas señaladas por los delitos contra la seguridad, el normal funcionamiento de los medios de transporte y de las vías de comunicación. Cabe precisar que las personas no se encuentran vinculadas a proceso.
“Las acusaciones penales siguen abiertas pese a que hay evidencia de represión”, advierten en su comunicado de prensa.
En su posicionamiento, la organización recuerda que en 27 semanas han llevado a cabo acciones contra la Ley de Aguas y la criminalización de la protesta, de las cuales muchas de ellas no prosperaron por la omisión de organismos como la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que no promovieron acciones de inconstitucionalidad.
La exigencia tras la aprobación de Ley de Aguas y protesta del 10 de junio, en avenida 5 de Febrero, era convocar a un Parlamento Abierto para elaborar un marco normativo que estableciera el agua como un derecho humano; vetar la ley aprobada por la Legislatura del Estado e iniciar diálogos con autoridades, lo cual no sucedió.
Finalmente, recordaron que en este medio han elaborado ocho amparos, los cuales se esperaba resolver en septiembre, pero no han tenido mayor información sobre su procedimiento. Solamente Santiago Mexquititlán logró obtener una suspensión provisional de cualquier intento de concesionar su pozo.