A pesar de que la Fundación “Carmen Sánchez” ubica a Puebla en los estados a nivel nacional con más ataques con ácido en contra de mujeres, al registrar ocho en las últimas dos décadas, el delito no ha sido tipificado por el poder legislativo.
Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca y San Luis Potosí, ya han avanzado una legislación al respecto.
De los ocho casos identificados en Puebla, dos se registraron este año, la mayoría en espacios públicos como le ocurrió a una mujer el pasado 25 de mayo, quien al salir de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ubicado en la zona de Angelópolis, en San Andrés Cholula, fue atacada con una sustancia corrosiva, por sujetos que iban a bordo de una moto.
El más reciente hecho es el de la joven de 28 años, Andrea Flores, en Galaxia Amalucan, quien el primero de agosto salió a vender pan y fue sorprendida por dos hombres en motocicleta que le arrojaron ácido en todo su cuerpo.
Frente a estas agresiones, la diputada local por el Partido del Trabajo (PT), Mónica Silva, dijo que, antes de aumentar penas, se deben aplicar medidas preventivas. De ahí, su propuesta para regular la venta de sustancias corrosivas, pues considera que son de fácil acceso y se pueden comprar a bajos costos.
Además, existe otra iniciativa del diputado priista Néstor Camarillo Medina, quien propuso en tribuna castigar hasta con 21 años de prisión los ataques con sustancias corrosivas.
La primera iniciativa plantea reformas al Código Penal que busca sanciones de siete a 13 años de cárcel a quien ataque con ácido a mujeres en el estado; sin embargo, las penas se incrementarán hasta 21 años si hay un vínculo sentimental entre el atacante y la persona afectada.
Ambas propuestas se encuentran en comisiones para su análisis y posible determinación.
El especialista en derecho penal, Jonathan Amaro Hernández, consideró que es compleja la propuesta que presentó la diputada local de regular la venta de corrosivos en Puebla, pues se tendría que hacer un inventario de farmacéuticas, empresas, comerciantes y demás personas que comercializan este tipo de sustancias.
Consideró que las medidas de prevención deben ir más allá, pues a pesar de que se incrementen las penas o se aplique una normativa de venta no es suficiente para contrarrestar la problemática.
"A lo mejor se tendría que buscar la venta sólo con permisos para su utilización, pero se tendría que garantizar un inventario completo porque pudiera ser que se le niegue a una persona que lo requiere para su trabajo", mencionó.
Comentó que hay algunos que sólo lo compran por una ocasión, y esa propuesta debería tener muchas adecuaciones. El tema se complica porque se tendrán que hacer varias bases de datos si se busca así evitar las agresiones a mujeres, comentó.
"Es como lo que pasó con los negocios que se dedican a la compraventa de oro, ahí se estableció que todos ellos tenían que tener cámaras para identificar a quienes los vendían, pero también comprobar que eran de su pertenencia e incluso dejar copia de su credencial de elector… Sería algo similar para saber quiénes adquieren los productos", refirió.
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