Académicos reprocharon al Congreso del Estado por la reciente aprobación del incremento de cuotas en el servicio de agua para seis municipios de la entidad, incluida la capital poblana, pues consideraron que no se privilegió a los ciudadanos, sino a los intereses de la empresa.
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El investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Francisco Vélez Pliego, consideró que el dictamen aprobado que autoriza a la empresa para hacer ajustes tarifarios según la inflación, sin pedir el aval del propio Congreso, fue una medida “arbitraria”, sobre todo cuando la concesionaria Agua de Puebla no ha cumplido los lineamientos de su contrato.
Consideró que el tema del agua es complicado debido a que ya no se ve como un derecho humano, sino como un servicio que se tiene que pagar, y que si no se cumple se puede reducir e incluso cancelar.
En su intervención la activista, Maria Eugenia Ochoa García, quien es integrante de la Asamblea Social del Agua (ASA), criticó también el reajuste tarifario, pues a pesar de la solicitud de los ciudadanos, colectivos y académicos para que no procediera se dio “con bombo y platillo”.
Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una de las visitas que ha realizado a la entidad, ofreció apoyo para revisar a la empresa y atender la problemática que se tiene, incluso dijo que el propio gobernador Miguel Barbosa Huerta, había anunciado una revisión para ver la viabilidad de la revocación de concesión.
Ante este escenario se limitó a decir que será la población quien juzgue el actuar de los legisladores, mientras que a ellos como académicos les toca generar foros de discusión y conocimiento para abordar el tema.
Por ello anunció que el congreso denominado “La gestión integral del agua en Puebla”, estará a cargo de la máxima casa de estudios y se realizará del 31 de agosto al dos de septiembre.