Hace un mes se pusieron en marcha operativos a diferentes locales de la zona comercial de la 46 poniente, en la ciudad de Puebla, bajo el argumento de buscar piezas de procedencia ilícita y a vendedores de sustancias prohibidas; sin embargo, los comerciantes acusan que dichos cateos se han convertido en “saqueos”.
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En entrevista para Vía.Tres, el dueño de uno de los 60 negocios que han sido cateados y clausurados, refirió que a raíz de estos operativos mantuvo su local cerrado por temor a ser saqueado; no obstante, en el último operativo fue cuando le notificaron que elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) así como elementos de la Policía Estatal ingresaron y se llevaron todo lo que tenía.
El monto de lo sustraído de su negocio, aseguró, es de aproximadamente medio millón de pesos, entre autopartes y otros productos que tenía bajo su pertenencia con la documentación correspondiente.
“Ellos se llevaron todo, intenté mostrar mi documentación y no les importó, sólo avientan y no les interesa si se descomponen las cosas o no, incluso no nos dicen dónde se llevan la mercancía… A raíz de esto fui a la Comisión de Derechos Humanos para presentar una denuncia por la arbitrariedad, y dijeron que no, que no les corresponde revisar esos temas y se lavaron las manos; la verdad nos dijeron que el problema es de más arriba”, comentó.
Los sellos de clausura de su negocio y la investigación del mismo se ostenta bajo el delito de distribución de narcóticos, lo que se replica en los diferentes negocios que han sido clausurados.
“A nosotros nos dijeron, mejor ni le muevan porque esto va a repercutir, creemos que es un plan con maña del Gobierno porque no se nos permitió hacer nada; hay videos donde se ve claramente que ingresan patrullas y bajan cosas para después decir que decomisaron, también en las patrullas llevaban placas de autos robados, que las plantaron en los diferentes negocios”, comentó.
Por el impacto económico familiar tuvo que vender su carro, incluso cosas de su casa, pues a pesar de que su negocio está cerrado continúa pagando renta, además de que tiene que cubrir el gasto del abogado que lo representa y los gastos familiares que tiene.
Comentó que muchos comerciantes han desistido de continuar su lucha, pues son amedrentados y amenazados, incluso refirió que uno de los que trataron de impedir que se llevaran sus cosas se encuentra internado en el Cereso de San Miguel, acusado por el delito de narcomenudeo.
"Su tirada es desaparecer la zona, quieren hacer que cambie de giro, pero no dan permiso de regularización, nosotros no éramos ilegales ni rateros, la basura de otros era nuestro alimento porque es lo que reparábamos y vendíamos, como los hojalateros, de pronto nos quitan nuestra fuente de trabajo pero no nos dicen qué podemos hacer”, mencionó.
Ante este escenario indicó que además de la venta de sus pertenencias, ya está buscando otra fuente de trabajo, pues ha dado por perdido el patrimonio que con años de trabajo forjó.
Considerando que los locatarios tenían ganancias que oscilaban entre mil a dos mil pesos diarios, los comerciantes que han permanecido con sus negocios cerrados, calculan pérdidas de 120 mil pesos por día y de más de 3 millones y medio de pesos en casi un mes de inactividad; eso sin contar la renta de dichos espacios, así como el pago de servicios.
Como se recordará, el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, ha señalado que no desistirá de los operativos en la zona de la 46 poniente y en La Cuchilla, pues asegura que “se limpiará la zona”, además de que los comerciantes que se encuentren en la legalidad se les dará oportunidad de seguir trabajando.
En estos operativos participan la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE), que hasta el momento sólo han informado del decomiso de más de 2 mil autopartes aparentemente ilegales; sin embargo, la cifra se actualizará por los últimos decomisos.
Este medio de comunicación buscó una postura al respecto con las autoridades, sin embargo al término del día, la redacción no obtuvo respuesta.