Al menos 30 millones de pesos habría obtenido el extitular de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla, Guillermo Aréchiga Santamaría, por las 60 concesiones que entregó de forma irregular entre el 2020 y marzo del 2021.
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Aunque no se revelaron los nombres de los beneficiarios, se sabe que los permisos se otorgaron a 14 personas físicas y morales relacionadas con el transporte público, que operan en municipios como San Andrés Cholula, Chignahuapan, Zacatlán, San Martín Texmelucan y Venustiano Carranza, entre otros.
Vía.Tres confirmó que, de las mil concesiones otorgadas en la pasada administración, 60 corresponden a las expedidas por el hoy detenido, mismas que serán revocadas. Asimismo, se verificó que de manera indirecta se pagan entre 150 mil pesos y medio millón de pesos por la venta de dichos permisos, dependiendo de la ruta y ramal.
Guillermo Aréchiga fue invitado a formar parte del gabinete del gobernador Miguel Barbosa y, por estar inmiscuido en presuntos actos de corrupción, dejó el cargo el 11 de marzo del año pasado, en medio de un fuerte operativo policiaco.
De agosto de 2019 a marzo de 2021, quien también fuera líder de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores por la Educación (SNTE) estuvo involucrado en el aumento del pasaje que se concretó en octubre de 2019; ésta una acción a cambio de la modernización del transporte público.
En ese entonces, el pasaje subió a ocho pesos con 50 centavos; no obstante, la renovación del parque vehicular sigue siendo un pendiente. En algunas unidades del transporte público se instalaron cámaras de videovigilancia, así como botones de pánico; sin embargo, estos dispositivos no funcionaron y los equipos nunca estuvieron conectados al C5, a pesar de que fue parte de los compromisos con los transportistas.
De acuerdo con la titular de esta dependencia, Elsa Bracamonte González, el incumplimiento a los acuerdos con el gremio transportista también se está investigando, y en cuanto a las concesiones existe un avance del 60% en la revisión que se está realizando de forma regional.
“La instrucción del gobernador Miguel Barbosa es cancelar las que se entregaron de forma irregular y el compromiso es asignar nuevos permisos para la operación de unidades del transporte con reglas y normas establecidas en la ley”, aseguró la funcionaria.
Ante la problemática que enfrenta este servicio, los usuarios están a favor de revisar las concesiones y de modernizar las unidades.
“Se debe exigir a los dueños de concesiones que modernicen sus unidades porque hay algunas que están en mal estado, pero lo importante es que los conductores estén capacitados, ya que hay algunos que manejan a exceso de velocidad y eso ha generado accidentes”
Tomás, usuario del transporte público
Guillermo Aréchiga Santamaría, fue detenido el pasado 28 de febrero, en una plaza comercial ubicada en la carretera federal Atlixco-Izúcar de Matamoros; posteriormente, el siete de marzo la Fiscalía General del Estado (FGE) lo vinculó a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas.
El Código Penal del Estado de Puebla establece por el delito cometido por servidores públicos una sanción de tres meses a seis años de prisión y una multa de una a 10 veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA).