Según una investigación hecha por cinco periodistas, Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México y su excolaboradora y además candidata por la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, han sido vinculados a una red de corrupción con la cual, según lo dicho por el medio, habrían desviado 5 mil millones de pesos del erario mexiquense.
La investigación llevada por la periodista María Teresa Montaño y otros cinco periodistas, fue publicada por 'The Guardian', en colaboración con OCCRP y 'Forbidden Stories'. En la investigación Montaño relató que fue amenazada y privada de su libertad en el Estado de México, por investigar contratos públicos del gobierno estatal.
Al menos 40 contratos con valor de cinco mil millones de pesos
La investigación reveló que durante 2018 y 2022, el Gobierno del Estado de México habría contratado alrededor de 15 empresas fantasma, celebrando con 40 contratos con un valor de cinco mil millones de pesos. Esto mientras Alejandra del Moral se desempeñaba como secretaría de Desarrollo Social.
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Dichos contratos han sido vinculados con altos miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entre los que destacan Erick Sevilla Montes de Oca y Alejandra del Moral, presidente del PRI estatal y candidata a la gubernatura por el Estado de México, respectivamente.
El reportaje asegura que los periodistas buscaron contactarse con Sevilla Montes de Oca y Alejandra del Moral, pero los dos señalados como participantes en la desviación de recursos no contestaron los correos de 'Forbidden Stories', medio especializado en la publicación de notas de periodistas que enfrentan amenazas.
Alfredo del Mazo aclara las presuntas empresas fantasma
El equipo de investigación buscaba conocer la postura del gobernador, pero la administración afirmó que todos los contratos fueron celebrados después de licitaciones públicas y que la Secretaría de Finanzas, coordino todos los movimientos, presentando todos estos documentos a los investigadores.
Del Mazo se negó a ser entrevistado y aseguró por medio de un portavoz que todas las adquisiciones fueron de manera legal, además de asegurar que el secuestro y amenazas a la periodista María Teresa Montaño, fue una situación ajena a la investigación que ella realizaba.
JAM