De acuerdo con un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el juicio contra el exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, es vital la información que surja de sus actividades financieras luego del año 2012, ya que argumentan, son información “crítica y directa” sobre los delitos que se le imputan; a su vez es “evidencia poderosa” acerca de los motivos del acusado sobre los supuestos sobornos del Cártel de Sinaloa”.
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Para ello las autoridades judiciales se harán de todos los mecanismos necesarios para comprobar que “la evidencia de las actividades después de que dejó el cargo muestra la increíble sofisticación del acusado en su capacidad para mover dinero en efectivo dentro de México y a países de todo el mundo utilizando compañías ficticias, prestanombres, transacciones inmobiliarias, negocios en efectivo, transacciones en el extranjero, cuentas bancarias, miembros de la familia y empleados”.
“El Tribunal debe denegar la moción del acusado y permitir que el gobierno presente evidencia de las actividades del acusado posteriores a 2012, como evidencia directa y evidencia de ‘otros actos’”.
Dirigido al juez Brian Cogan, en el escrito se pide que el gobierno estadounidense identifique los aspectos específicos de las declaraciones posteriores al arresto del acusado
La otra herramienta será que exintegrantes de alto rango del Cártel de Sinaloa declaren sobre los sobornos a cambio de protección, mediante cuyo pago se habría permitido trasladar sustancias ilícitas, se habría proporcionado información sobre investigaciones contra el grupo criminal y todo lo relativo a los grupos rivales.
El pasado 22 de diciembre se informó que dos posibles testigos en el juicio serían Edgar Valdez Villareal, alias “La Barbie” y Jesús Reynaldo Zambada García, “El Rey”, hermano menor de “El Mayo” Zambada, de acuerdo con información a la que tuvo acceso el semanario Ríodoce.
El documento fue presentado luego de que el pasado 9 de enero la defensa de García Luna solicitó bloquear información sobre la riqueza del acusado a partir del año 2012, argumentando que no sería información relevante para el jurado, pues según los defensores los ingresos del acusado están relacionados con empresas privadas.
Ante este panorama, la defensa del exfuncionario mexicano dijo que “se debe impedir que el gobierno presente evidencia de las actividades del Señor García Luna como ciudadano privado después de que se mudó a los Estados Unidos, incluida la evidencia de la riqueza que acumuló o adquirió después de 2012".
Asegura que dar esa información sólo abonaría a la especulación de que la manera de vivir del acusado solo fue posible por los sobornos.