Organizaciones campesinas reclamaron a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, por la desatención que ha dado al sector y aseguraron que la constante es la corrupción, discrecionalidad, desconocimiento del tema agrario y la falta de seguridad ante los embates de la delincuencia.
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A través de un comunicado el Movimiento Campesino, Indígena, Afroamericano, Plan de Ayala Siglo XXI denunció que son constantes las acciones “de la delincuencia contra la sociedad rural campesina”; que padecen de despojos de tierra, cosechas completas y cobro de piso, tanto en las parcelas con producto de alto valor, como en los procesos de comercialización.
“El secuestro, la desaparición de dirigentes campesinos auténticos están socavando la acción productiva y generadora de valor en el campo”, alertaron.
Convocaron a lo que llamaron “un gran proceso nacional de denuncia y de exigencia” para que las instituciones y los aparatos de seguridad funcionen correctamente y se diseñen mecanismos que permitan detener la violencia que padece el sector.
Las organizaciones también reprocharon al presidente López Obrador que pese a sus constantes críticas al modelo neoliberal implementado por Carlos Salinas de Gortari, sigue vigente su estructura en materia de política agraria, pues persisten la concentración y despojo de tierras.
“La reforma salinista no se detuvo, sigue vigente y mucha gente se sigue apoderando de la tierra por vía de la manipulación de la Ley Agraria, hay una figura que se llama transmisión de derechos agrarios, con la que gente ajena al ejido y a la región puede llegar y comprar parcelas, disfrazando el acto de compraventa de la tierra como un acto de transmisión de derechos agrarios”, agregó José Durán Vera, coordinador nacional de la Unión Campesina Democrática (UCD).
Aseguraron que hay casos de personas que poseen hasta cinco mil parcelas y esto, además de ser ilegal, representa un despojo para los pequeños productores del país.
Las organizaciones campesinas urgieron a la actual administración a hacer una evaluación objetiva de 30 años de la reforma salinista para impulsar cambios y avanzar en los temas pendientes, pues estimaron que actualmente existe un rezago de cinco mil expedientes en tribunales agrarios, en los que se reclaman tierras y permanecen sin concluir.
Aunque reconocieron que desde el año pasado con la autoridad han retomado algunos trabajos en la materia, afirmaron que encontraron “procesos que evidencia corrupción, desorganización entre oficinas centrales y las representaciones estatales y atención discrecional de acuerdo a las preferencias personales de los funcionarios”.
Lo más relevante y negativo, aseguraron, es que desde el inicio de la presente administración hay un desconocimiento profundo por parte de muchos funcionarios, del marco jurídico agrario y del funcionamiento administrativo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Advirtieron que si el sector continúa funcionando con la misma Ley Agraria y sus reglamentos “no se podrá avanzar en la certeza jurídica a todas las formas de propiedad”.
Exigieron a las autoridades federales la implementación de una política de Estado que contemple la protección y el desarrollo de la propiedad social del ejido y la comunidad, y dé certeza jurídica para implementar un nuevo modelo que proteja a los pequeños productores.
De no hacerlo, advirtieron, se profundizará la dependencia alimentaria y con ello serán más constantes las crisis y carestía de alimentos.