La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles tres cambios a su Código Penal para intensificar la ofensiva del gobierno en contra los pandilleros.
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El primero de ellos es una propuesta del presidente Nayib Bukele, que en el país es conocida como la “Ley Mordaza”. La reforma busca sancionar a cualquier medio de comunicación que reproduzca o transmita mensajes originados por pandilleros.
“Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología nazi, así como los mensajes, apologías, y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo”, compartió Bukele en Twitter.
Por otro lado, la Asociación de Periodistas de El Salvador expresó su preocupación:
“Amenaza con cárcel a los medios de comunicación y periodistas que reporten sobre una realidad que desde la actual administración se busca esconder. No mencionar a las pandillas tampoco las hará desaparecer. Es un claro intento de censura”.
El segundo cambio al Código Penal es una reforma que castigará la elaboración y reproducción de mensajes, propaganda, señales o grafitis alusivos a las pandillas. La pena será de 10 a 15 años de cárcel.
El tercer y último cambio legislativo tiene que ver con la autorización del Estado para utilizar armamento, dinero y bienes incautados a las pandillas para luchar contra ellas.
Caleb Navarro, diputado del partido oficialista Nuevas Ideas, dijo que de esta manera se golpeaba directamente las finanzas y los bienes de los criminales. “De esta manera ocuparemos sus mismos recursos para combatirlos”, afirmó Bukele.
El país centroamericano se encuentra bajo un estado de excepción desde el 27 de marzo, después de que el presidente le pidiera a la Asamblea ejercer ese derecho tras 80 asesinatos reportados en un fin de semana.
Por el momento, Nayib Bukele ha dejado claro que no le interesa escuchar lo que las organizaciones internacionales de derechos humanos tengan que decir sobre la situación, mientras que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Estados Unidos han pedido que termine con el estado de excepción lo antes posible.
“Reconocemos los desafíos que plantea la violencia de las pandillas en El Salvador y el deber del estado de garantizar la seguridad y justicia. Sin embargo, es imperativo que esto se haga de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos”, dijo la portavoz de la ONU, Liz Throssell.