El Salvador enfrenta su peor momento en temas de seguridad desde que el presidente, Nayib Bukele, tomó protesta en el 2019, por lo que, para enfrentar los altos índices de homicidios, el mandatario amenazó a los criminales con parar de matar o sufrir las consecuencias.
El domingo en la madrugada el congreso salvadoreño aprobó con 67 votos a favor, de un total de 84 diputados, declarar un régimen de excepción en el país. A la par de las medidas extremas, Bukele readicalizó su postura, y en su cuenta de Twitter amenazó a grupos de pandillas como “Mara Salvatrucha” y “Barrio 18”:
“Mensaje a las pandillas: Tenemos 16,000 ‘Homeboys’ en nuestro poder. Aparte de los mil arrestados en estos días. Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir, les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol. PAREN DE MATAR YA o ellos la van a pagar también”, escribió.
Junto con el tweet, un video muestra a varios detenidos en calzones, siendo trasladados a las peores celdas y golpeados continuamente, en una prisión salvadoreña.
La comunidad internacional no tardó en dar a conocer su opinión, como el experto en derechos humanos brasileño, Paulo Abrão, quien condenó las acciones a través de su cuenta de Twitter.
“Populismo penal: Ilegalidades para enfrentar ilegalidades. Barbaries para enfrentar barbaries. Resultado final: Más ciclo de violencia para todos”.
Bukele no tardó en contestarle directamente a toda la comunidad internacional, una vez más, a través de Twitter. “A la comunidad internacional: Tenemos, 70,000 pandilleros aún en las calles. Vengan por ellos, llévenselos a sus países, sáquenlos de esta ‘persecución dictatorial y autoritaria’. Ustedes pueden ayudar a estos angelitos, no permitan que les sigamos ‘violando sus derechos’”.
El Salvador es considerado uno de los países más inseguros de Latinoamérica, y mucho de esa inseguridad se debe a grupos criminales que se dedican al narcotráfico y a la extorsión.
El régimen de excepción permite a las autoridades detener a los supuestos criminales y avala la suspensión de la libertad de asociación, derecho de defensa, derecho a la correspondencia y su plazo de detención administrativa se extiende de 72 horas a 15 días.
Horas después de la decisión del congreso salvadoreño, los policías y militares salieron a las calles a arrestar, en un solo día, a 576 personas bajo las nuevas reglas.