Con cárceles sobrepobladas, trabajar en la reinserción social de los presos se vuelve un tema difícil, reconoció Mariela Ponce Villa, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), al hablar de la prisión preventiva en el sistema penal acusatorio, el cual en un primer momento limitó los delitos que merecen prisión oficiosa.
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“Está más que probado que estar internos por delitos menores genera más consecuencias negativas que positivas, a las personas y al mismo Estado. Cuando la persona ha estado en prisión por el tiempo que sea, ya se le genera un estigma que es complicado quitar”, señaló Ponce Villa.
El año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió la permanencia y ajustes de esta figura en la ley, pero al final únicamente la eliminó para delitos fiscales, manteniéndola para otras faltas como robo a casa habitación, con independencia de si se usa o no violencia.
Para la presidenta del Poder Judicial, “cuando una persona no es tratada con condiciones mínimas de dignidad, cuando sale no puedes exigir que se comporte como ser humano. Cada estado tiene mucho trabajo para lograr la reinserción y que las personas vuelvan a delinquir”.
En la experiencia local, la magistrada presidenta señaló que ayudó mucho el que en el sistema de adolescentes disminuyera con el cambio de sistema: “cuando las cárceles están sobrepobladas, creo que es complicado que puedas aplicar con éxito un programa de reinserción social, necesita una población menor”, reiteró.
Recordó que anteriormente hubo un fenómeno llamado popularmente “puerta giratoria”, en el cual los imputados de algunos delitos, como robo simple sin violencia, eran presentados ante la Fiscalía y liberados, pero esto no implicaba su absolución, pues se abría un proceso que podían llevar en libertad.
Esto cambió con la reforma al artículo 19 constitucional, que amplió de nueva cuenta el catálogo de delitos que requieren prisión preventiva oficiosa, lo que según Ponce Villa, regresa al sistema tradicional de justicia con más detenidos internos y sujetos de investigación.
Según información publicada por Vía.Tres en septiembre pasado, uno de cada cuatro internos en penales de Querétaro se encuentra en prisión preventiva oficiosa, por lo que muchos eran sujetos a salir libres si la SCJN hubiera fallado por abolir esta figura en un catálogo de delitos más amplio.