La comparecencia ante legisladores estatales, por la glosa del Primer Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo, de la secretaria de Gobierno estatal, Guadalupe Murguía Gutiérrez concluyó sin información ni cuestionamientos respecto a la violencia del 5 de marzo en el estadio Corregidora, pese a que ella fue designada como vocera del caso por el propio gobernador, Mauricio Kuri González.
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Violencia extrema durante el Gallos vs Atlas en La Corregidora de Querétaro
Los legisladores omitieron solicitar información a la funcionaria sobre el actuar de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), que es un órgano público desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, que ella encabeza y pese a la recomendación de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) por no garantizar la seguridad de los asistentes.
En temas de protección civil, la funcionaria se limitó a exponer las acciones llevadas a cabo para atender a damnificados por las lluvias en 2021, acción coordinada con otras dependencias estatales y con apoyo del Ejército mexicano.
Las preguntas de los diputados versaron sobre regularizaciones de predios, cambios notariales y otros programas generados a partir del desalojo de un lote irregular, como La Cuadrilla, en este caso, sobre quienes Murguía manifestó, tendrán la posibilidad de adquirir un predio a bajo costo.
Murguía Gutiérrez también defendió que la administración de Mauricio Kuri respeta los derechos humanos y que situaciones como la disolución de una protesta en avenida 5 de Febrero fueron consecuencia de una cerrazón al diálogo por parte de los manifestantes: “Después de tres horas se consideró que el tiempo de diálogo estaba concluido y entró SSC a liberar vialidad según sus protocolos”, subrayó.
Sobre las comunidades indígenas, la funcionaria estatal manifestó que han implementado eliminar cualquier forma de discriminación de exclusión y marginación en contra de este sector poblacional, para lo cual hubo un foro para escucharlos.
Finalmente, sobre las personas defraudadas por quien fuera titular de la Notaría 24, Murguía indicó que hay un “programa que no busca proteger de ninguna manera a quien defrauda sino atender una grave problemática social”, de ahí que hayan destinado casi 6 millones de pesos para apoyar a quienes fueron víctimas, con independencia de la reparación del daño que el notario imputado tenga que hacer.