Desde 2015, el Crematorio Municipal de Querétaro ha operado fuera de la ley, debido a una omisión por parte de las autoridades municipales, que provocaron un vacío legal respecto a los pagos por el uso y usufructo de las instalaciones municipales por parte de la empresa Crematorio Querétaro S.A. De C.V., una empresa paramunicipal creada en 1990 para la operación del inmueble.
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La Secretaría de Administración del municipio de Querétaro, Ana Osornio Arellano, explicó que el antecedente de la irregularidad jurídica data desde hace siete años; ya que el gobierno capitalino no renovó el acuerdo de operación del crematorio, tras finalizar en el 2015, el primero con vigencia de 25 años.
Resaltó que cuando llegó la fecha de renovación de contrato, durante una Asamblea General realizada por la empresa, se votó por unanimidad la prórroga de 30 años para que la empresa pudiera seguir operando el establecimiento; sin embargo, ningún representante del municipio de Querétaro asistió a la asamblea.
“El municipio no asiste a esta asamblea por lo tanto no tiene validez; se crea una laguna jurídica, porque no había ninguna figura legal o algún acuerdo que validará la existencia del organismo paramunicipal", expresó.
El gobierno capitalino participaba con 20% de las acciones de la empresa y recibía lo correspondiente de lo recabado por los servicios ofrecidos por el crematorio durante la vigencia del primer acuerdo,
Cabe aclarar que, tanto el terreno como las instalaciones son propiedad del municipio de Querétaro, pero desde el 2015 la autoridad dejó de recibir este pago a pesar de que la empresa siguió operando las instalaciones.
En busca de solucionar el problema, en sesión de Cabildo, con fecha 24 de marzo de 2015, se buscó crear una sociedad mercantil denominada Cremaciones y Servicios Funerarios de Querétaro S.A. De C.V., pero no se pudo concretar nada, ni se creó la empresa en materia administrativa y jurídica. Retomando la actual administración el tema en 2020.
"Fue hasta 2020 que tomamos el tema y quisimos empezar por darle certeza jurídica al municipio, porque desde 2015 la empresa ya no tenía la obligación de pagar, y eso se desconocía", explicó la secretaria de administración.
Ante estas omisiones el regidor de Morena, José Manuel Sánchez Nieto exigió una investigación por parte del Órgano Interno de Control contra los servidores públicos involucrados que no realizaron su labor y que dejaron a la deriva la problemática por siete años.
"¿Dónde quedan las responsabilidades generadas por la omisión administrativa? Esto no debe pasarse por alto, no puede ser que no se menciona en el acuerdo si existieron investigaciones por el Órgano Interno de Control por estos hechos”, aseveró José Manuel Sánchez Nieto.
En la sesión de Cabildo del 24 de agosto de 2022 se creó el dictamen que buscaba regular el mecanismo de funcionamiento del Crematorio, donde se solicitó el pago de un millón 400 mil 834 pesos en una sola exhibición para saldar la deuda de la empresa con la demarcación; el monto fue consensuado entre ambas partes.
En ese mismo evento se anuló la Asamblea celebrada en 2015 por la cual se había aprobado una prórroga de 30 años para que la empresa siguiera operando el crematorio. No obstante, se mencionaron sanciones ni contra la empresa, ni contra los servidores públicos involucrados.