El sistema penal acusatorio llegó para poner un freno a los abusos de la prisión preventiva, sin embargo, la reforma de 2020 que amplió el catálogo de delitos que ameritan esta pena hizo que se regresara al punto de inicio, manifestó Mariela Ponce Villa, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en Querétaro.
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Se espera que, en próximos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discuta un proyecto de los delitos sobre los cuales aplica la prisión preventiva, una propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales, quien advierte -entre otras cosas- que se viola la presunción de inocencia.
Al respecto, Ponce Villa reconoció la importancia que tendrá dicha discusión para la vida del país, ya que en esta ocasión la SCJN “confronta a la propia Constitución”, a diferencia de otras ocasiones en las que confrontaba normas o leyes secundarias con la Carta Magna.
“El sistema tradicional escrito de antes manejaba los delitos graves y legisladores locales podían incrementar ese catálogo de delitos. Entonces teníamos muchos delitos graves, eso significaba que la persona enfrentaba su procedimiento privado de su libertad, sin derecho a fianza. Era un abuso”,
destacó Mariela Ponce Villa.
La magistrada presidenta añadió que con el sistema acusatorio vigente no se pretende eliminar la prisión preventiva, sino que las partes argumenten ante el juez la necesidad de que las personas imputadas permanezcan privadas de su libertad en el desahogo de las investigaciones complementarias.
“La Constitución marca pocos delitos de prisión preventiva, que son los de mayor impacto social, pero el gran problema viene cuando se adicionan otros delitos y volvemos a un sistema tradicional, donde otra vez tenemos un catálogo amplio de delitos donde es impositiva la prisión preventiva”, explicó.