Sólo tres de los más de 15 hospitales privados que operan en Querétaro exigen a sus médicos contar con una póliza de gastos médicos mayores para garantizar una indemnización a los pacientes en caso de error u omisión en la práctica; es decir, en caso de una negligencia médica.
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De acuerdo con Alejandrina Ortiz Balderas, presidenta de sección Querétaro de la Asociación de Agentes de Seguros Y Fianzas AC (Amasfac), muchos de los médicos optan por contar únicamente con una póliza jurídica, la cual es un contrato de servicios legales que defiende al médico y le brinda un acompañamiento legal, pero no funciona en favor del paciente.
“No tenemos exactamente el dato de cuántos médicos y hospitales cuentan con la póliza porque como es un contrato entre particulares, el doctor o el hospital contratan con una aseguradora, pero lo que sí tenemos, es qué hospitales sí le exigen a sus médicos que tengan esta póliza; aquí en Querétaro hasta ahora está el Hospital Ángeles, el Hospital StarMédica y está en vías el Hospital Moscati”, comentó.
Señaló que, en el caso de las instituciones públicas como la Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE, sí cuentan con esta póliza, pues están obligados a tenerla por un acuerdo entre sindicatos como parte de las prestaciones que ofrecen a sus trabajadores; de ahí que no sólo sean médicos quienes cuentan con el seguro, sino también camilleros, anestesiólogos, enfermeras y trabajadores en general.
Sin embargo, muchos de estos médicos que trabajan en instituciones públicas, también ejercen en el sector privado y, de no contar con una póliza ampliada para el servicio privado, no podrán cubrir un evento de negligencia.
“Y muy importante, que solamente están cubiertos en su ejercer en el sector público, y sabemos que muchos de estos médicos también trabajan en el sector privado, entonces, si llegaran a tener un evento de negligencia o impericia, en el sector público están cubiertos, pero en el sector privado no; entonces tienen ellos que ampliar su póliza o potenciarla, acercarse con su sindicato o con la empresa o bien por su lado buscar ampliarla”, detalló.
Explicó que la póliza de gastos médicos mayores les ayuda a llegar a un acuerdo con el paciente, incluso antes de llegar a una demanda o un juicio en caso de un error en la práctica.
En cambio, la póliza jurídica solamente es un contrato de servicios legales que defiende al médico y lo acompaña legalmente, sin garantizar la indemnización del paciente.
Al respecto, el comisionado presidente de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Querétaro (Cameq), Genaro Vega Malagón, puntualizó que no existe una ley en México que obligue a los médicos a contar con una póliza de seguro, pero a su consideración esto no deja en indefensión a los pacientes pues se busca cumplir con la lex artis (la buena práctica médica) y ante ello, “difícilmente se va a tener un conflicto”.
“No hay ninguna ley que nos exija o que diga que tenemos que tener una protección médico-legal, todo esto es voluntario, muchos médicos sí tienen pólizas de protección, pero eso ya es de cada quien (…) En Estados Unidos hay algunos lugares donde es obligatorio contar con un seguro de gastos médicos, pero aquí en México no hay ninguna ley que nos obligue a adquirir una póliza”, afirmó.
Reconoció que actualmente el ejercicio médico tiende a la práctica de la “medicina defensiva”, por el aumento en las inconformidades, lo que ha ocasionado que el médico tienda a buscar una protección médico-legal a través de la adquisición de una póliza; sin embargo, otros optan por solicitar estudios de laboratorio o de gabinete, ultrasonidos, tomografías, entre otros, para no tener un problema de este tipo.
Agregó que el hecho de que el médico cuente con una póliza no lo exime de responsabilidad, simplemente la aseguradora se hace de los gastos en caso de que haya un problema legal.
La Cameq precisó que anualmente se registran alrededor de 600 pacientes con una supuesta inconformidad, aunque muchas de éstas terminan siendo “una mala interpretación o una incorrecta comunicación médico-paciente”, lo que termina conciliándose con una asesoría en la Comisión.
De esas 600, la mayoría concilian mediante el diálogo y, en caso de no conciliar, se les ofrece el arbitraje médico; es decir, que se actúa como árbitros y se realiza una investigación para determinar responsabilidades; sin embargo, precisó que anualmente sólo se realizan en promedio dos acciones de arbitraje de entre todas las supuestas inconformidades que ingresan.