Se pretende integrar a las empresas de transporte público suburbano al sistema de prepago de Qrobús, adelantó Gerardo Cuanalo Santos, director del Instituto Queretano del Transporte (IQT). La iniciativa busca además la “interconexión de tarifas”, con la finalidad de ofrecer beneficios al usuario, como ya ocurre con el cobro a la mitad en un transbordo.
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Cuanalo enfatizó que este es un proyecto de “mediano plazo” que pudieran comenzar a plantear a finales de este año o inicios de 2023. Lo primero será sentar a todas las empresas concesionarias a platicar las implicaciones que tiene esta nueva modalidad de pago.
“Consiste en términos prácticos que de la misma forma que se paga hoy en día el transporte público colectivo se pueda pagar algún otro tipo de transporte y que las tarifas sean compatibles para que esto no genere una presión de mayor gasto en los propios usuarios. Eso es parte de poder generar esta compatibilidad y que se vayan conectando los sistemas”, destacó el director del IQT.
Cuanalo enfatizó que esto no implica una unificación en las tarifas, solamente adecuarlas para lograr menores costos; es decir, que un transbordo de un suburbano a un Qrobús -o viceversa- no implique un gasto completo.
Esta no es la primera vez que se plantea darle un uso a la tarjeta de prepago más allá de Qrobús, pues durante el primer trienio de Luis Bernardo Nava Guerrero en la capital del estado se proyectó que las personas pudieran acceder al sistema Qrobici con el mismo plástico; pese a las pruebas realizadas, nunca se concretó la idea.
Cuando se le preguntó de esto al director del IQT, apuntó que retomar el proyecto es también una posibilidad, incluso agregar taxis. Para lograrlo, al igual que con los suburbanos, destacó que no se requieren adecuaciones a la ley, sino a la parte jurídica, con el fin de que las nuevas empresas que se sumen al sistema de cobros también obtengan su parte del dinero.
“Tiene que ver con el ingreso de las tarifas y la dispersión de ese ingreso a concesionarios. Los Suburbanos tendrían que tener la certeza jurídica de que les van a pagar lo que la gente paga con esa tarjeta. No implica un movimiento en el marco legal, sino adecuar jurídicamente el esquema de pago para que puedan ser compatibles”, subrayó.